Argentina busca flexibilizar la protección de los bosques y glaciares

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Sergio Bergman (imagen:Casa Rosada )

Argentina busca flexibilizar la protección de los bosques y glaciares

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Sergio Bergman, reveló al Diálogo Chino la posibilidad de cambios en la protección de los bosques y glaciares del país.

La decisión fue tomada durante la COP23 en una reunión a puertas cerradas entre el presidente Mauricio Macri y empresarios mineros, durante la cual Macri aceptó cambios a las legislaciones de cuidado de los recursos naturales para favorecer la actividad minera en el país.

“Tenemos que tener una discusión abierta acerca de los bosques y los glaciares. Nuestras leyes no resuelven cómo manejamos los recursos, sólo tratan de detener que sean afectados y requieren revisión. Son grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación, fiscalización y ejecución”, sostuvo Bergman.

Además, agregó: “Terminan siendo una épica legislativa que se hizo el lobby para que se proclame, y después no tienen ninguna trazabilidad sobre cómo esa ley tiene un impacto real en el cambio de la matriz, del recurso natural y el territorio que queremos preservar”.

Promulgada en 2009, la Ley de Bosques establece presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos en Argentina, dividiendo a los mismos en tres zonas de acuerdo al tipo de actividad que está permitido realizar. Su sanción llegó luego de años de creciente deforestación en el país, habiendo perdido más del 70% de los bosques nativos originales.

El financiamiento de la ley se da a partir de las partidas presupuestarias que el Poder Ejecutivo asigna anualmente, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional, y el 2% de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y del sector forestal. Sin embargo, desde su sanción, la ley nunca recibió el presupuesto correspondiente.

Es parte por esa falta de presupuesto que la deforestación continúa en Argentina.

En los primeros seis meses de 2017, se desmontaron en el norte del país más de 45 mil hectáreas, de acuerdo a un informe de Greenpeace en base a imágenes satelitales. Casi la mitad de los desmontes fueron ilegales y ocurren en zonas que deberían estar protegidas de acuerdo a la Ley de Bosques.

Al mismo tiempo, la Ley de Glaciares también ha registrado problemas desde su sanción en 2011. La ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y ordena realizar un inventario de los mismos cada cinco años. Sin embargo, el inventario nunca se concretó y se espera que esté listo para 2018.

“Mientras ocurren las negociaciones climáticas en Bonn, donde los países buscan aumentar su ambición y la protección de los ecosistemas, Macri se pone a contramano de eso y busca flexibilizar las leyes de bosques y glaciares,” sostuvo a Diálogo Chino Enrique Maurtua Konstantinidis, director de cambio climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“Esto realmente sorprende, sobre todo cuando el gobierno ha mostrado progresos en muchos frentes con respecto a la lucha contra el cambio climático. Es un claro retroceso”, agregó.

Al mismo tiempo, Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, afirmó a Diálogo Chino que las declaraciones de Bergman fueron una “vergüenza internacional” al haber ocurrido en simultaneo con la COP23 y consideró que las leyes si pueden ser aplicadas, a diferencia de lo expresado por Bergman.

“Ambas leyes confrontan con los grandes poderes de Argentina. La de bosques con los grandes sojeros y la de glaciares con las grandes empresas transnacionales mineras. Son leyes de presupuestos mínimos que deberían tener una aplicación efectiva pero no se aplican por los lobbies”, expresó Viale.

La intención de cambiar ambas legislaciones fue criticada también por referentes políticos que forman parte de la misma alianza de gobierno del presidente Macri. Elisa Carrio, diputada nacional de la Coalición Cívica, envió una carta al Secretario de Minería Daniel Meilán para expresar su descontento, mientras que el diputado de la UCR Ricardo Alfonsín advirtió por las “severas consecuencias ambientales”.

Actividades en expansión

La intención de modificar ambas legislaciones coincide con una política oficial de la administración de Macri de impulsar el sector minero y agropecuario en Argentina, habiendo dado señales claras en ese sentido desde su asunción en 2015.

La expansión de la frontera agropecuaria es una de las principales metas de la economía argentina, lo que pone en riesgo la protección de los bosques nativos. A través de un decreto presidencial, Macri dispuso la eliminación total de las retenciones al trigo, maíz y carne, mientras que en el caso de la soja la medida será gradual.

Al mismo tiempo, políticas de impulso a la minería han puesto los glaciares bajo riesgo. El gobierno eliminó las retenciones a la minería, argumentando que los impuestos desincentivaban la llegada de inversores. La expectativa es de inversiones en el sector por US$ 20.000 millones y para ello se evalúa también firmar un acuerdo federal minero con las provincias, dueñas del recurso.

Argentina es hoy el productor N° 13 mundial de oro, N° 20 de cobre y N° 10 de plata y exporta la mayor parte de su producción sin procesarla. Del total de las exportaciones mineras, el 96% se corresponde a la minería metalífera, compuesta por un 67,6% de oro, 13,8% de cobre, 12,8% de plata y el 5,8% de otros. La minería representa el 6,1% de las exportaciones argentinas.

Muchos proyectos en ejecución y planificados para corto y largo plazo podrían verse afectados cuando se finalice el inventario de glaciares, ya que se encuentran en zonas peri-glaciares donde no se pueden llevar adelante proyectos productivos, de acuerdo a Viale, lo que explicaría la intención de modificar la Ley de Glaciares.

Argentina se encuentra entre los países con más conflictos activos en relación a proyectos mineros, de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Eso ha llevado a que leyes locales hayan prohibido la minería a cielo abierto en ocho provincias, frenando la expansión del sector deseada por el gobierno.

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