Brasil se prepara para el retroceso de las leyes verdes

Nuevo presidente interino de Brasil, Michel Temer (imagem: Michel Temer/ Flickr)

Brasil se prepara para el retroceso de las leyes verdes

Tomando ventaja de la actual turbulencia política en Brasil, cuando la batalla para enjuiciar a la presidente Dilma Rousseff llega a su punto culminante de aparta la del poder, silenciosamente,  los políticos reaccionarios están haciendo retroceder las leyes a favor del medio ambiente y de protección indígena,  desafiando  los compromisos que asumido el  país en el marco del Acuerdo de París.

Los ecologistas afirman que si el proyecto de ley conocido como Proyecto de Emenda Constitucional (PEC) 65/2012, ahora en la fase de comisión del Senado, se aprobó, significa que los grandes proyectos de infraestructura serán capaces de seguir adelante independientemente de los impactos sobre la biodiversidad, áreas indígenas, comunidades tradicionales y  zonas de conservación .

En lugar de aplicar el criterio de la protección, si el proceso de licenciamiento se torna lento e implica evaluaciones científicas incluyendo aspectos biológicos, botánicos, estudios antropológicos y arqueológicos, los desarrolladores simplemente tiene que presentar una propuesta de estudio sobre el impacto ambiental para que se le permita comenzar – sin tener que llevar a cabo un estudio. Y una vez que el proyecto haya comenzado no puede ser cancelado o suspendido por las agencias de protección ambiental.

Organizaciones de medio ambiente, tanto gubernamentales como no gubernamentales, han protestado enérgicamente ante las implicancias  de este proyecto de ley. Para Marilene Ramos, presidente de la agencia oficial de medio ambiente y  recursos renovables, IBAMA, significa que Brasil se dirige en la dirección contraria  a la de los países desarrollados y ya no será capaz de controlar los proyectos de infraestructura.

El líder indígena Nara Baré, de Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) dijo: “Brasil presentó los objetivos en París, pero no hace su tarea, protegiendo los bosques y de quienes vivimos en ellos.”

Carlos Bocuhy, el presidente de PROAM, una ONG ambiental, afirma que el costo de este proyecto de ley será el fin de la licencia ambiental: “Es completamente absurdo; es como si el acto de solicitar un permiso de conducir te diera el derecho a manejar un camión”.

El Observatorio del Clima ve el proyecto como “una broma de mal gusto”, más aún en un país que acaba de sufrir el peor desastre ambiental de su historia, a partir del estallido de una represa de lodo tóxico en el estado de Minas Gerais, el 5 de noviembre del año pasado. Esta calamidad destruyó toda la vida animal y vegetal y a un gran río cercano, y podría ser el  peor desastre mundial después de Chernobyl.

El director de Greenpeace, Marcio Astrini, dijo sobre el proyecto que “si se convierte en ley, actuará como una fábrica de tragedias”.

Interés personal

Su autor, el senador Acir Gurgacz, tiene un interés personal: su familia es propietaria de una empresa de transporte que se beneficiaría enormemente de la pavimentación de 900 kilómetros de la carretera BR319, que une las dos capitales del Amazonas: Manaus y Porto Velho. En la actualidad el proyecto no puede seguir adelante porque el IBAMA ha embargado el trabajo, aduciendo daños ambientales. La carretera pasa por las áreas de conservación, tierras indígenas y grandes zonas  de bosques vírgenes.

El relator de este proyecto es el senador Blairo Maggi, un magnate de la soja, que ha limpiado miles de hectáreas de selva tropical en su estado de Mato Grosso, y es el ministro de la agricultura del nuevo gobierno que asumirá el cargo una vez que la presidente Rousseff fue suspendida de sus funciones esta semana.

Los ecologistas ya han expresado su profunda preocupación por el Gobierno planeado por presidente interino Michel Temer. Ellos señalaron que su documento político, “Un puente hacia el futuro”, que expuso sus planes para el gobierno, no hizo mención al medio ambiente, ni al cambio climático o a la selva tropical del Amazonas.

En cambio, los grandes agricultores y el lobby ganadero, Frente Parlamentario de Agricultura, declararon que el presidente viene con  una “agenda positiva” – una lista de demandas que incluye la abolición del ministerio de la reforma agraria, la detención y revisión de las demarcaciones de las reservas indígenas y quilombos (territorios habitados por los descendientes de esclavos fugitivos), y más fondos para la agroindustria, que ya goza de importantes subvenciones.

Además del proyecto de ley para poner fin a la licencia ambiental, otros perjudiciales proyectos de ley están a punto de llevarse a cabo.

Ignorando los deseos locales

Un instituto, conocido como PEC 215, ha estado haciendo las rondas en el Congreso durante más de 15 años, pero ante la llegada del nuevo gobierno pro-agricultor se espera que pronto sea convertido en ley. Si así sucede, significará que el poder para decidir sobre nuevas demarcaciones de las áreas indígenas – cerca de 400 están bajo evaluación- pasará del ejecutivo al  Congreso.

Con ambas cámaras dominadas por miembros del lobby rural, esto es considerado como un equivalente a poner fin a las demarcaciones. También se verán afectadas otras 1.611 zonas de quilombos. La importancia de los territorios indígenas y quilombos es que tienden a conservar las áreas boscosas, en lugar de removerlas para fines de agricultura mecanizada o de pastoreo de ganado.

Por ley, las áreas contenidas dentro de cada propiedad rural (que, especialmente en la Amazonía, son a menudo vastas) deben conservar su carácter salvaje. Pero otra medida que está sobre la mesa (proyecto de ley 4508/16) permitirá que sean utilizados para el pastoreo de ganado.

Otros permitirán que la minería y las represas hidroeléctricas se instalen en  las zonas indígenas, sin necesidad alguna  de permiso de sus habitantes. La reducción de los controles sobre los pesticidas – Brasil es el mayor consumidor del mundo – es otro de los objetivos.

El gobierno de Dilma Rousseff, de ninguna manera ha sido un modelo de protección para el medio ambiente ni de las áreas indígenas, pero parece ser que el gobierno de Michel Temer podría ser mucho peor.

Ese artículo se publicó primero en Climate News Network

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