Indígenas logran posponer licitación de hidroeléctrica

Ind!genas de etnia Munduruku protestan contra la construcción de la hidroeléctrica en Tapajós (imagen: Greenpeace Brasil).

Indígenas logran posponer licitación de hidroeléctrica

El gobierno brasileño se vio forzado a posponer la licitación de la represa hidroeléctrica de São Luiz do Tapajós debido a la presión ejercida por la población indígena y los ambientalistas. La competencia por determinar quien gerenciará los potenciales 8.040 MW de energía,  que serán generados por la última gran represa hidroeléctrica a ser construida en Brasil,  deberá quedar para 2016. Entre tales empresas se encuentran China Three Gorges Corporation, que opera en el país a través de EDP Energias do Brasil y  es la principal accionista, luego de la privatización promovida por el gobierno de Portugal en 2012.

“Existe un conflicto con indígenas que está dificultando el otorgamiento de la licencia (ambiental)”, reconoció Maurício Tolmasquim, presidente de la Empresa de Pesquisa Energética (EPE). La represa enfrenta una fuerte oposición, especialmente entre la comunidad indígena por que considera que están invadiendo sus áreas. Según el Estudio de Impacto Ambiental y el Informe de Impacto Ambiental (EIA/Rima), presentado por el Grupo de Estudios Tapajós al IBAMA, órgano ambiental federal responsable por el proceso de otorgamiento de la licencia a la represa, ésta no afecta las áreas demarcadas oficialmente.

“En ningún momento el gobierno o el Estado brasileño abrieron un espacio para el diálogo. En lugar de dialogar, el gobierno mandó fuerzas armadas a nuestra región para tratar de intimidarnos, avalando que investigadores hicieran estudios en nuestro territorio, inclusive en contra de nuestra voluntad”, destacan en una carta abierta,  indígenas que estuvieron presentes  en Brasilia durante el mes de abril, en el llamado “Campamento Tierra Libre”.

Fundamentalmente su denuncia se basa en el incumplimiento de la norma, que indica que es obligatorio realizar una consulta previa a la comunidad indígena en caso de que algún emprendimiento potencialmente pudiera afectar sus tierras. Brasil es signatario de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que los indígenas deben ser consultados antes de llevarse a cabo cualquier actividad.

El gobierno argumenta que la reglamentación de la consulta, a cargo del Congreso de la Nación, nunca fue realizada. Desde 2012, un grupo de trabajo formado por varios ministerios y entes autárquicos, intenta diseñar una propuesta de legislación, pero todavía no ha arribado a una propuesta concreta.

El  11 de junio, 70 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y frentes parlamentarios, emitieron un manifiesto contra la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que transfiere del gobierno federal hacia el congreso la atribución de oficializar tierras indígenas, unidades de conservación y territorios pertenecientes a antiguos quilombos (también llamados palenques, es decir, refugios para esclavos fugitivos).

“El momento político envía señales con respecto a la necesidad de que la PEC sea archivada inmediatamente, ya que solamente su tramitación puede causar daños graves en el campo, como ya se percibió a partir de los asesinatos de indígenas perpetrados en las últimas semanas”, alerta Maurício Guetta, abogado del Instituto Socioambiental (ISA).

“Se reconoció que existe una dificultad para dialogar entre el gobierno y los pueblos indígenas, así como con las organizaciones sociales locales, generando que el trabajo de reacercamiento y construcción de una relación de confianza demorara casi dos años”, afirma en una nota la Secretaría General de la Presidencia de la República.

A principio de año, indígenas de la etnia Munduruku viajaron a Brasilia para presentar un documento ante el ministro Miguel Rosseto, de la Secretaría General de la Presidencia de la República. El escrito se refiere al modo en que desean que se los consulte con respecto a la represa que será instalada en el río Tapajós.

Otras consecuencias

Según el EIA/Rima, se prevén otros impactos. Éstos serían, la contaminación del agua, el aumento de la contaminación ambiental, la pérdida de vegetación aluvional (en las márgenes de los ríos) y también, de las  plantaciones de la planta autóctona açaí. Las causas se basan en la  deforestación e inundación, accidentes con animales -como atropellos-y la muerte de peces durante la construcción de la represa o a partir de la  inundación del reservorio.

Otro gran problema advertido por el EIA/rIMA es que se estima que hasta   13 mil personas serán contratadas en el pico de la obra. Las proyecciones indican que cerca de 10 mil personas estarían viniendo de otras partes del estado de Pará e  inclusive de otras regiones del país. A eso se sumarían aproximadamente 12.500 personas que llegarían a la región buscando empleo y negocios. En este sentido, se puede concluir que la región de Itaituba tendría un aumento poblacional de alrededor de 22.500 personas (en la ciudad principal de Itaituba viven 97 mil habitantes y en Trairão, la segunda ciudad afectada, 17 mil).

De acuerdo  al estudio, esa cantidad de personas “aumentará la demanda de equipamientos de salud, escuelas, habitación y también podría darse una ocupación desordenada de la región y una sobrecarga en los sistemas de infraestructura urbana y ambiental”. También se espera que aumenten la caza y la pesca como forma de alimentación y  un incremento de los precios de los inmuebles, productos y servicios en general. En contrapartida, tal dinámica podría ayudar a elevar los ingresos de la región.

Oficialmente está previsto que la represa aporte  inversiones de aproximadamente U$S 6.500 millones, no obstante, fuentes no oficiales estiman que la represa invertiría una cifra cercana a los U$S 10.000 millones. La razón es que  la usina está localizada en una región remota del estado de Pará, y se tendrá acceso a ella mediante la Transamazónica (una carretera que atraviesa siete estados, de Paraiba al Amazonas), o por el río Tapajós, río que se intenta transformar en una importante hidrovía, capaz de canalizar producciones hacia el océano Pacífico.

En el caso de ganar la licitación para llevar a cabo el emprendimiento, los chinos de CTG deberán lidiar con otro problema serio, En la región se realiza una fuerte actividad de minería informal, que resulta en operaciones policiales y conflictos por causa del oro extraido ilegalmente, lo que impacta en la región.

“La formación del reservorio interferirá en áreas de explotación de oro y diamante en el canal de los ríos Tapajós y Jamanxim y sus afluentes menores. La actividad minera, formal e informal, será afectada y podrían comprometerse empleos e ingresos de la población implicada”, destacó el grupo de estudios Tapajós, a partir de la información suministrada por EIA/Rima.

El complejo del Tapajós viene despertando el interés de varias empresas. Un grupo que reúne varias de las principales empresas del sector de la energía eléctrica brasileña es responsable por los estudios ambientales. El Grupo de Estudios Tapajós está compuesto por las empresas brasileñas Camargo Corrêa (constructora), Cemig, Copel, Eletrobras, Eletronorte (controlada por la Eletrobras), y por las multinacionales EDF (francesa), Enel (ítalo-española), Engie (ex-GDF Suez, franco-belga) y Neoenergia (brasileña, controlada por la española Iberdrola).

Estas compañìas  no entrarían en la licitación en bloque, sino que probablemente lo hagan divididas en pequeños consorcios. Al equipo de empresas interesadas se ha sumado un nuevo componente, con la firma de un acuerdo entre Eletrobras y China Three Gorges Corporation. Durante la visita que realizó  el ministro de Minas y Energia, Eduardo Braga, que contó con la presencia del presidente de Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto, los representantes de CTG se mostraron interesados en invertir en fuentes de energía renovable, como las eólicas y usinas solares, y también, en reforzar la colaboración con la empresa estatal brasileña.

En Brasil, CTG adquirió participaciones de su controlada EDP en proyetos de energia renovable y en una represa hidroeléctrica (Cachoeira Caldeirão, en el estado de Amapá situado al Norte del país). No obstante, en el caso de que la empresa lograra ingresar en Sao Luiz do Tapajós, aunque fuera con una participación minoritaria, dará un salto importante en su participación en el área de generación de energía. Por otro lado, CTG puede valerse de su experiencia como controladora de la represa hidroeléctrica más importante del mundo (Tres Gargantas), que genera 18.000 MW, en la implementación de São Luiz do Tapajós.

“Nuestro mayor  deseo es participar del proyecto en Brasil. Es un proyecto a largo plazo, en el cual estamos profundamente interesados”, afirmó Zhu Guangchao, el ejecutivo que representó a China Three Gorges y que formó parte de la comitiva que visitó Brasil recientemente. En el 2014, la empresa firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Furnas, una subsidiaria de Electrobras.

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