Pedida prisión de Lula

Muñecos de la presidente de Brasil, Dilma Rousseff e del expresidente Lula (imagem: Editorial J)

Pedida prisión de Lula

El Ministério Público de San Pablo solicitó la prisión preventiva del Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) denunciado por ocultación de patrimonio y falsidaded ideológica. Eso ocurre a poco días después de que unos 200 policías federales y 30 auditores impositivos efectuaran una redada en su departamento y lo llevaran al aeropuerto de Congonhas para interrogarlo durante tres horas en otro processo en el que es investigado.

El arresto de Lula es parte de la “Operación lava autos”, un conjunto de investigaciones que comenzó hace dos años sobre la corrupción en Petrobras, la empresa petrolera con participación estatal. Estos últimos eventos han generado algunas preguntas críticas no solo relacionadas con la supervivencia de la sucesora de Lula, la presidenta Dilma Rousseff, sino también con el imperio de la ley y el estado de la democracia en Brasil.

Rousseff, reelecta para un segundo mandato en 2014, está haciendo frente a cinco grandes problemas: la peor recesión brasileña en más de un siglo; un avance del Congreso para someterla a juicio político; la revisión del financiamiento de su campaña por parte del Tribunal Electoral Federal (que podría anular su victoria electoral); la investigación de la Operación lava autos y el avance del virus del Zika.

Pero aunque esta profunda crisis puede parecer nueva, varios de estos problemas en realidad reflejan cambios de largo plazo.

Entre 1995 y aproximadamente 2012 se daba por sentado que los presidentes brasileños podían forjar una mayoría en el Congreso, a pesar de un sistema electoral de representación proporcional con listas abiertas para los distritos muy grandes, una abrumadora cantidad de partidos (28 en el Congreso actual) y el hecho de que el partido del presidente siempre ha ocupado menos del 20 % de las bancas.

Esto es llamado “presidencialismo de coalición”. Para funcionar adecuadamente, depende de los diversos poderes de gobierno formales e informales con que cuenta el presidente. El presidente puede emitir medidas provisorias (decretos ejecutivos) cuando no hay garantía de lograr la mayoría para una ley. Puede ofrecer a sus socios de la coalición ministerios (a veces con el poder para nombrar a cientos de sus subordinados en ellos) y orientar el gasto federal en forma tal que beneficie a sus socios políticos.

Pero el sistema ahora está en crisis. Si bien el gobierno cuenta con mayoría en el Senado, Rousseff ha sido incapaz de reunir apresuradamente una mayoría en la cámara baja del Congreso, donde sufre una confrontación. El presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, está tratando de destituirla a través de un juicio político, pero él mismo podría ser depuesto de su cargo debido a las acusaciones de corrupción en su contra.

En pocas palabras, Brasil nunca se ha visto tan difícil de gobernar.

El imperio de la ley

La detención y el interrogatorio de Lula también generan preguntas sobre la forma en que los jueces, fiscales y policías involucrados en las investigaciones por la Operación lava autos están usando su poder. Después de que Lula fue interrogado, el miembro de la Corte Suprema Marco Aurélio Mello cuestionó públicamente la decisión del juez Sérgio Moro de llevar a cabo un interrogatorio coercitivo, que implicó la llegada de la policía a la residencia de Lula sin aviso previo, con la exigencia de que los acompañara a un sitio seguro para responder a las preguntas.

Aurélio Mello dijo que las interrogaciones coercitivas habitualmente solo se emplean cuando el sospechoso o testigo se niega a declarar voluntariamente, algo que no se verificaba en el caso de Lula. Moro, un juez federal y actor clave en las investigaciones de la Operación lava autos afirmó que su decisión buscó evitar demostraciones públicas en contra y a favor de Lula, que de todas formas ocurrieron una vez que se conoció la noticia.

Los investigadores anticorrupción han usado otras prácticas cuestionables. Se usó la detención indefinida para obligar a declarar a algunas personas, como en el caso del director ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quien hasta el momento lleva detenido casi nueve meses. De manera similar, las negociaciones de declaración de culpabilidad pueden permitir que testigos oportunistas se deslinden de su responsabilidad acusando a quienes habían conspirado junto a ellos.

El testimonio de los testigos se ha filtrado selectivamente a los medios, que luego exponen detalles de las demandas y contrademandas en una tormenta de publicidad, que poco ayuda al debido proceso para resolver estas acusaciones extremadamente complicadas.

Como sostiene el politólogo brasileño Leonard Avritzer, las campañas anticorrupción impulsadas por los medios tienden a demonizar a ciertos culpables y a no cuestionar a otros en absoluto. Este es un grave problema para el imperio de la ley, independientemente de la culpabilidad o inocencia de cada persona.

La calidad de la democracia

De todas formas, a la mayoría de los brasileños probablemente les importa menos la supervivencia del gobierno de Rousseff que salir de la recesión y mejorar la calidad del gobierno. Brasil sufre un grave problema de legitimidad: su gente desconfía de los políticos y los partidos políticos, a quienes ven como un grupo de personas de poca monta, aisladas y egoístas, involucradas en acuerdos ilícitos con las empresas, que estafan al erario público, se llenan los bolsillos y no hacen nada por el bien común.

Según el politólogo David Samuels, aproximadamente el 60 % del electorado brasileño no se identifica con ningún partido. Cerca del 10 al 15 % se identifica con el partido de los trabajadores (PT), de Lula y Rousseff, mientras que aproximadamente el 11 % del electorado son antipetistas “puros”: odian al PT, pero no les gusta ningún otro partido. La probabilidad de que sean blancos es muy superior a la de los partidarios del PT, así como la probabilidad de que sean adinerados y les molesten los pobres, quienes fueron beneficiados por las políticas del PT hasta que llegó la recesión.

Así, la imagen política, económica y social es de división, conflicto e inercia. Pero aunque el gobierno de Brasil está en crisis, no es ese el caso de su democracia y resulta fácil pasar por alto los enormes progresos que ha logrado el país.

Durante los últimos 30 años, Brasil ha logrado establecer la comunicación y el reconocimiento entre los blancos y los demás, entre los ricos y los pobres, entre los jóvenes y los viejos, y una plétora de otros grupos, todo a lo largo de un enorme y diverso territorio. Independientemente de la repugnancia de los brasileños hacia sus líderes corruptos e ineptos, las instituciones de ese país son robustas.

La policía federal, los ministerios públicos y la justicia federal pueden usar tácticas cuestionables, pero su autonomía frente al gobierno y su capacidad de acción están fuera de discusión. A diferencia de lo que ocurrió en 1993 después del juicio político al presidente Fernando Collor de Mello, nadie especula seriamente con una intervención militar.

Los cambios importantes probablemente tendrán que esperar hasta 2017. Este año el Congreso estará ocupado con el juicio político, los Juegos Olímpicos comenzarán el 5 de agosto y las elecciones municipales serán en octubre. Se están organizando nuevas demostraciones a favor y en contra del juicio político a la presidenta Rousseff, pero mientras se puedan preservar los valores de la tolerancia y la ecuanimidad ganados con tanto esfuerzo, el actual impasse eventualmente podrá ser superado.

Ese artículo se publico primero en The Conversation

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