¿Se puede confiar en el sector privado para administrar el suministro de agua del mundo?

Una mujer se lava las manos en la Laguna Koari, Bolivia (imagen: Water for People/ Kate Fogelburg)

¿Se puede confiar en el sector privado para administrar el suministro de agua del mundo?

El agua puede parecer un recurso interminable: cubre el 70% de la superficie de la tierra, fluye en los ríos y cae del cielo. Sin embargo, el cambio climático está generando que el suministro de agua en el mundo no sea confiable.

A medida que crece la escasez de agua, las campañas locales alrededor del mundo están reduciendo la propiedad corporativa y desafiando la privatización del agua, en un intento por recuperar el control sobre nuestro recurso más vital.

Solo el 2.5% del agua del mundo es agua dulce apta para el consumo.  Sus fuentes, a menudo, son de difícil acceso; escondidas en los glaciares remotos o en las profundidades de la tierra.

El cambio climático ha provocado sequías en algunos lugares e inundaciones en otros, por lo que los suministros de agua dulce son más difíciles de manejar. Las olas de calor han obligado a algunas ciudades a tener que perforar para la búsqueda de aguas subterráneas más profundas o a desalinizar el agua de mar. En las regiones inundadas, el agua dulce se ha incrementado, pero las lluvias más intensas han dificultado su almacenamiento.

A medida que los extremos climáticos generan nuevos desafíos para la gestión del agua, la industria y la urbanización están agravando la demanda. Las Naciones Unidas estiman que, durante el último siglo el uso del agua superó la tasa de crecimiento de la población.

La agricultura ahora representa el 70% del uso de agua dulce. Con más personas que migran hacia las ciudades, la infraestructura existente está colapsando. Cerca del 27% de los habitantes urbanos de las ciudades en el mundo en desarrollo carecen de acceso a agua corriente en sus hogares.

Estas tendencias globales crean problemas regionales. La cantidad de personas que viven en áreas con escasez de agua, donde el agua dulce está limitada durante una parte o la totalidad del año, aumentará. A menudo, las desigualdades hídricas se relacionan con las fracturas sociales existentes, con una infraestructura deficiente que deja a las periferias urbanas desconectadas y una escasez que genera conflictos relacionados con el agua.

En estas condiciones inciertas, la pregunta de quién es el que está mejor posicionado para administrar el agua, es un tema crucial.

La promesa de la privatización

Al mismo tiempo, la escasez ha creado oportunidades para obtener ganancias. El agua y el saneamiento se han convertido en una próspera industria dominada por multinacionales como Veolia y Suez.

Willem Buiter, economista en jefe del banco de inversión Citigroup, describió al agua como una “clase de activos” cuya importancia eventualmente superará a la del petróleo, el cobre y los metales preciosos. La mayoría de los principales bancos ahora poseen fondos de inversión destinados específicamente a la industria del agua, escribió la activista Maude Barlow.

Inglaterra fue el primer país en vender su sistema de agua en 1989, pero la privatización sigue siendo políticamente controvertida. El proceso generalmente involucra a las autoridades municipales que arriendan provisiones de agua a compañías privadas en una asociación público-privada.

Como escribe Eduardo Araral, profesor de política de aguas en la Escuela de Política Pública Lee Kuan Yew en Singapur, los defensores de la privatización argumentan que esto vale la pena por dos razones.

Primero, el sector privado brinda servicios de manera más eficiente. En Inglaterra, los políticos esperaban que la competencia del mercado acelerara las mejoras en los servicios y redujera los costos. El segundo argumento es fiscal. En el mundo en desarrollo, los estados luchan por obtener financiamiento para proyectos de infraestructura, pero ceder la provisión de agua al sector privado atrae la inversión interna.

Desde la década de 1990 en adelante, el Banco Mundial fundó políticas sobre esta creencia. De forma conjunta con el Fondo Monetario Internacional, otorgó préstamos a los países en desarrollo con la condición de que privatizaran los servicios públicos.

En países como Bolivia, la idea era que la privatización del agua colmaría los vacíos dejados por el estado. En la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, el Banco Mundial escribió en 1999 que “los gobiernos pobres a menudo se encuentran demasiado colmados por la corrupción local y están mal equipados” para administrar sus suministros de agua.

Sin embargo, surgieron protestas luego de que los precios del agua subieran y se prohibiera a los bolivianos recolectaran agua de lluvia, ya que Aguas del Tunari, investor norteamericano, quería recuperar su inversión. Una persona fue incluso asesinada. Las protestas se expandieron también a La Paz en contra de una empresa subsidiaria de la francesa Suez. Luego del rechazo, el gobierno boliviano tuvo que dar marcha atrás en sus planes.

Costos claros, beneficios escasos

Pero la evidencia muestra que los gobiernos han sido excesivamente optimistas sobre los beneficios de privatizar. En Inglaterra a partir de la privatización en 1989, la factura promedio de agua en el hogar ha aumentado un 40% por sobre la inflación.

En la mayoría de los casos de privatización, las empresas todavía dependen de los fondos públicos. Un estudio de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos descubrió que las empresas recibieron casi 500 millones de euros del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo desde 1991 hasta el 2012.

Thames Water, la compañía responsable del suministro de agua de Londres encarna esta dependencia del dinero público. Cuando se le solicitó financiar una nueva mega red de alcantarillado en el 2012, la compañía afirmó que estaba demasiado abrumada por las deudas para poder afrontarla, a pesar de pagar millones de libras en dividendos a los accionistas y ejecutivos.

En cambio, son los consumidores los que pagarán por el nuevo alcantarillado a través de facturas de agua más altas, y el estado es el que oficiará como garante en caso de que el proyecto cuente con dificultades financieras.

Meera Karunananthan, directora del grupo de presión canadiense Blue Planet Project, lo definió como “la socialización del riesgo y la privatización de las ganancias”, donde las empresas obtienen ganancias cuando al mismo tiempo dependen del estado para asumir el riesgo financiero.

La inversión en infraestructura tiene un récord más oscuro en el mundo en desarrollo. A pesar de las garantías que avalaban que las empresas aportarían una inversión muy necesaria, la mayoría solo ha estado dispuesta a invertir en países de medianos ingresos donde los riesgos son menores.

Un estudio realizado por los investigadores Antonio Estache y Martin Rossi en 2002 determinó que la mayoría de las inversiones en provisión de agua privada ocurrieron en países de ingresos medios como China (50%), en lugar de países de bajos ingresos (18%) donde las necesidades son mayores.

Existe la creencia que son los países en desarrollo los que no pueden financiar proyectos sin la participación del sector privado. Sin embargo, las empresas privadas dependen de las mismas fuentes de inversión que están disponibles para los gobiernos, incluidos los donantes, los bancos comerciales y de desarrollo, lo que sugiere que la privatización se basa tanto en el deseo político como en la necesidad económica.

Como lo plantea David Hall, investigador de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos, “cuando el sector privado ingresa a los sistemas de agua, los préstamos que obtienen deben estar garantizados por los gobiernos, por lo que la calificación crediticia y la viabilidad son las mismas que las de la calificación crediticia del país”.

Volver a la gestión pública

La opinión pública sobre la privatización está cambiando. Ellen Lees, directora de campañas del grupo de presión del Reino Unido We Own It, señala que el 2018 es “la primera vez en veinte años que se lleva a cabo una campaña de agua pública en el Reino Unido”.

Cuando el Instituto Legatum y la caridad educativa realizó una encuesta en el 2017, el 83% de las personas en el Reino Unido estaban a favor de la nacionalización del agua. El Transnational Institute, una organización promotora de campañas en los Países Bajos. determinó que aquellas ciudades con suministro público de agua tienden a disfrutar de facturas de mayor calidad y menores montos. Se estima que 266 ciudades en todo el mundo tienen sistemas de agua remunicipalizados.

“Esta es una tendencia global”, dice Lees, y agrega que Inglaterra corre el riesgo de “quedarse atrás”.

La remunicipalización difiere de la nacionalización. Esta última está orquestada por un estado centralizado, mientras que la primera generalmente es llevada adelante por regiones o ciudades, y el agua y el saneamiento caen bajo la jurisdicción municipal. Cuando la nacionalización tiene un tufillo a una burocracia estatal desmesurada, la remunicipalización transfiere la propiedad a las autoridades regionales elegidas democráticamente.

Esta participación en la propiedad municipal también puede conducir a una participación política más amplia. En París, donde tanto Suez y Veolia transfirieron sus servicios de agua a Eau de Paris, de propiedad pública, en 2008, los sindicatos, ambientalistas y asociaciones de inquilinos están representados a nivel de la junta, y las reuniones están abiertas al público en general.

Otros municipios son los siguientes.

Cuando la plataforma ciudadana Barcelona en Comú amplió su manifiesto para las elecciones municipales de 2015, el agua remunicipalizada ocupó el primer lugar de la lista. El grupo de campaña Aiuga és Vida detectó que las tarifas del agua establecidas por Agbar-Suez eran un 91,7% más caras que las de aquellas ciudades vecinas españolas donde el agua se gestionaba de forma pública.

El agua de la ciudad se ha convertido en un campo de batalla político, con Agbar-Suez supuestamente contratando espías para hacerse pasar por activistas e infiltrarse en grupos de campaña de agua a principios de este año.

Pero aún persiste la pregunta de qué hacer cuando el sector público falla. En Nigeria, por ejemplo, hasta el 90% del agua se pierde por fugas y robos. El estado de Lagos ha planeado desde hace mucho tiempo privatizar los servicios de agua, provocando un gran enojo de las ONG locales.

Sin embargo, David Hall argumenta que abordar las causas subyacentes del fracaso del sector público, como la corrupción, representa un mejor enfoque. Permitir que los políticos corruptos se embolsen la venta de servicios públicos es “altamente improbable” que mejore la situación del estado de Lagos, dice. Al examinar el legado mixto de la privatización del agua en otros lugares, puede estar en lo cierto.

Este artículo fue publicado primero por chinadialogue

 

No Comments

Post A Comment

Captcha: *