Violentas protestas resaltan desafíos en la cooperación minera chino-peruana

Entrena el ejército peruano, pero se desplegó de verdad tras la imposición de la ley marcial (imagen: Galeria del Ministerio de Defensa de Peru).

Violentas protestas resaltan desafíos en la cooperación minera chino-peruana

A pesar de una ola de violentas protestas por los impactos ambientales y las redundancias en el sector extractivo, que llevaron al gobierno peruano a declarar al país en estado de emergencia por 60 días, el presidente peruano Ollanta Humala y el primer ministro Li Keqiang acordaron una mayor cooperación minera con un simple apretón de manos.

En el tramo peruano de su tour latinoamericano en mayo, el primer ministro Li y el presidente Humala firmaron diez acuerdos para promover la cooperación bilateral en minería, infraestructura y educación, entre otras áreas. En una apuesta para aumentar aún más la producción sector minero y mejorar las exportaciones industriales chinas a Perú, Li, en su discurso durante un simposio de negocios en Lima, hizo un llamado a los fabricantes chinos de equipos de minería para que transfieran tecnología a las operaciones peruanas. Destacó también la necesidad de que las empresas chinas mejoren la comunicación con sus empleados peruanos, instándolas a hacer más en pos de garantizar condiciones laborales y de vida decentes para sus trabajadores.

Pero la muerte de un hombre de 38 años de edad por disparos de la policía luego de violentos enfrentamientos en el distrito Marcona, en la región Ica, relacionados con la mayor mina de hierro peruana, propiedad de la empresa china Shougang Hierro, socavó el llamado a la “armonía” de Li. Previamente, el descontento se había desbordado con furia en la región sur de Arequipa, en la mina de cobre Tía María, propiedad de la empresa mexicana Southern Copper, deteniendo las operaciones. Quedó en manos del ministro de medioambiente peruano, Manuel Pulgar-Vidal, informar el 23 de mayo que se enviarían tropas para garantizar el orden social durante los próximos dos meses.

Perú ya depende de la minería para generar aproximadamente el 15 % de su PIB y se le atribuye al capital chino, que representa un sorprendente 30 % de la inversión total en el sector, tanto la recuperación económica del país andino después de un 2014 con altibajos como el crecimiento interanual del 9,3 % de la producción minera.

Pero los problemas siguen afectando al sector, que emplea de manera directa a unas 200 000 personas en Perú. Los manifestantes en Shougang exigían la provisión de agua potable en todo el distrito y se oponían a las múltiples redundancias de trabajadores tercerizados, especialmente en las áreas de servicios. Junto con la electricidad, Shougang administra la provisión de agua del distrito de Marcona, como parte de una concesión exclusiva vigente desde la década de 1990.

Los informes de noticias locales afirman que el hombre asesinado durante la confrontación con la policía, Luis Quispe Chumbi, no era empleado de Shougang, pero estaba solidarizándose con los 65 trabajadores que perdieron sus empleos con la cancelación de un contrato con una empresa de reclutamiento para el sector terciario, COOPSOL Minería, el 18 de abril.

Shougang reaccionó frente a la confrontación fatal con un anuncio a página completa en el periódico peruano La República el 27 de mayo, instando al gobierno peruano a proteger a su personal y las inversiones que están haciendo “en beneficio del país.” Ese mismo día Humala apareció para tranquilizar a los inversores extranjeros y dijo que el “ruido político“ no afectará al desarrollo económico peruano.

Shougang cuenta con una turbulenta historia de huelgas y protestas; no es la primera vez que recurre a comunicar su postura en periódicos.

Por otra parte, en un curioso giro de los acontecimientos, La República también informó que uno de los hombres arrestados por la policía después de dañar la propiedad de Shougang, Rubén Américo Soto Soto, testificó inicialmente que fue reclutado para ello por uno de los propios jefes de seguridad de la empresa. Shougang negó haber pagado infiltrados o agentes provocadores y rechazó la versión de los eventos de Soto. El propio Soto ha cambiado su historia desde entonces.

¿La misma Shougang de siempre?

El motivo del persistente conflicto y la continua mala imagen de Shougang, según Cynthia Sanborn, una experta de la Universidad del Pacífico sobre el sector extractivo de Perú, es que comenzaron de la manera equivocada.

“Shougang continúa siendo percibida como la típica empresa “abusiva” china,” dijo Sanborn a Diálogo Chino, “aun cuando se exagere la naturaleza del abuso.”

Sanborn explica que cuando Shougang adquirió los derechos para explotar la mina de hierro, el paquete de concesiones incluía el control de la provisión de agua y electricidad, e incluso el puerto de Marcona. Esto contribuyó a generar la imagen de una empresa que buscaba satisfacer su sed de recursos naturales sin respetar las necesidades de la comunidad local. Los ejecutivos de Shougang afirman haber intentado transferir el control de la provisión de agua a la municipalidad local, que aparentemente es incapaz de gestionarla, o no desea hacerlo, aunque el gobierno local lo niega.

“No hay ningún otro caso como este en Perú,” dijo Sanborn y agregó que en circunstancias normales los inversores obtienen concesiones para extraer los recursos del subsuelo, pero los derechos sobre la tierra, el agua y otros bienes no son suyos.”

El pueblo de San Juan de Marcona fue creado por inversores estadounidenses en la década de 1950 y luego quedó bajo control estatal durante los 70 y los 80. Más tarde, Shougang compró la concesión durante la ola de privatizaciones instituida por el presidente Alberto Fujimori, electo en 1992. Pero también adquirió instantáneamente una mala reputación porque durante la venta a Shougang, el gobierno peruano echó a la mitad de los empleados del pueblo que vivían en viviendas de la empresa. Shougang intentó desalojarlos y reemplazarlos con chinos.

Sin embargo, Shougang debió enfrentar a los sindicatos militantes del pueblo, históricamente aliados a políticos locales fuertemente vinculados con la Confederación Nacional de Mineros, que les permitió movilizar una oposición generalizada y lograr que sus quejas llegaran a los medios nacionales. Parece que, una vez más, Shougang ha sido víctima de su propia mala reputación.

“Resulta irónico,” dice Sanborn respecto de la violencia que estalló cuando Shougang no mantuvo a los empleados de COOPSOL en su nómina, “porque de acuerdo a nuestros datos, Shougang usa un menor porcentaje de trabajadores de servicios terciarios subcontratados que otras grandes empresas mineras occidentales en Perú.”

Aún peor es que Shougang ahora debe responder a las acusaciones de haber contratado agentes provocadores para cometer actos de vandalismo contra sus propios bienes. La República inicialmente informó que Soto, quien fue sentenciado a siete meses en custodia después de dañar las instalaciones de Shougang, recibía 100 soles (USD 31) por día de su jefe adjunto de seguridad, Antonio Arévalo.

Sin embargo, Soto ahora afirma haber estado empleado por Shougang desde el 19 de mayo para defender las instalaciones de los ataques. El jefe de relaciones públicas de Shougang, Guillermo Alfaro, dijo el lunes que no conocía el último testimonio de Soto, pero rechazó de plano el inicial. Cuando se le preguntó si Soto pudo haber sido empleado por el proveedor de personal de seguridad tercerizado de Shougang, Solmar, Alfaro replicó: “Solmar no puedes contratar personas para que nos dañen.”

Al igual que en Shougang, las protestas violentas no son nada nuevo en la mina Tía María de Southern Copper. La gigantesca mina de cobre es propiedad de la empresa mexicana Southern Copper y UK news y el servicio de inteligencia Latin News estiman que además de siete muertos desde 2011, más de 100 han resultado heridas desde las primeras protestas en el sitio, hace 16 años.

Aparentemente, Chalco, la empresa de propiedad del estado chino que tiene a cargo la mina de cobre Toromocho aprendió de la experiencia de Shougang, y gastó más de 10 millones de dólares en relaciones con la comunidad después de heredar el legado tóxico de los anteriores dueños de Toromocho. Y ha logrado algunos éxitos notables, que sugieren que en el contexto peruano más amplio, el problema no es la nacionalidad del operador de la mina. Toromocho tirón importantísimo papel en los planes peruanos para aumentar la producción minera, ya que se espera que produzca 300 000 toneladas de cobre al año cuando funcione a plena capacidad.

Ya sea orgánica u orquestada, la coincidencia de la protesta en Shougang con la llegada de Li Keqiang a Perú funcionó como un oportuno recordatorio de que las empresas chinas, los trabajadores, los sindicatos y los gobiernos locales peruanos necesitan desesperadamente participar en un diálogo constructivo.

“Ciertamente se contradice con la exhortación del señor Li a las empresas chinas en Perú de establecer relaciones positivas con sus trabajadores y las comunidades locales,” dice Sanborn.

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