Sitiados por el progreso

Acusadas de ser "anti-desarrollo", las comunidades de Maranhão resisten un puerto chino al ver sus derechos atropellados

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Maranhão

El suelo tiembla en el territorio del Cajueiro. La maquinaria pesada avanza sobre donde habían personas y selva amazónica. El color rojizo del suelo se escurre entre las lluvias, entierra manglares y la esperanza de quien no ve más futuro donde la vida seguía con ritmos y sonidos tan distintos. En São Luís, capital del estado de Maranhão, la obra de un megapuerto para transporte de granos, combustibles y minerales une a Brasil y a China en casos de violencia contra la población rural, evasiones legislativas y la sospecha de falsificación para la apropiación indebida de tierras.

China Communications Construction Company y WPR – São Luís Gestão de Portos e Terminais construyen su puerto en una de las regiones más codiciadas del planeta. Las cargas que allí embarcan llegarán más rápido y con menor costo al país asiático, cruzando el canal de Panamá. Aguas tan profundas como las de la Bahía de San Marcos se encuentran solamente en Rotterdam, en los Países Bajos. Ellas garantizan el vaivén de los inmensos navíos conectados al comercio global.

No obstante, la región tiene otras riquezas como selva y manglares, cuya preservación es fundamental para la reproducción y la supervivencia de innumerables especies de peces, cangrejos y otros animales. En los estados de Maranhão, Pará y Amapá, está el 70% de los manglares de Brasil.

El puerto también atenderá el aumento de la producción de cereales en la región Noreste, en una grande área del bioma del Cerrado, puntuada por pequeños productores, indígenas y descendientes de esclavos (llamados quilombolas en Brasil). La mitad del bioma ya fue eliminado, principalmente debido a los agronegocios. Preservar su vegetación de raíces profundas es vital para mantener las fuentes de agua, para enfrentar los cambios de clima y para la supervivencia de aquellas poblaciones.

La compañía China Communications Construction Company trabaja con infraestructura de transportes conectada a los puertos de Santos (São Paulo), Paranaguá (Paraná) y Açu (Rio de Janeiro). Tiene interés en obras en las regiones del norte, sur y noreste del país, de las cuales muchas son para dar salida a la producción agropecuaria. En el exterior, tiene negocios en países africanos, de América Central, de Asia y de Medio Oriente. La empresa estatal china factura más de USD 60 mil millones anuales a nivel global.

Un financiamiento de hasta USD 700 millones (cerca de R$ 2,6 mil millones) del Banco Comercial e Industrial de China (ICBC) fue asegurado para la construcción del puerto en un acuerdo firmado por el ex-presidente Michel Temer, quien fue detenido en Marzo después de ser acusado por el Ministerio Público Federal de liderar un esquema de corrupción que movió más de R$ 1,8 mil millones (USD 460 millones) en sobornos para influenciar contratos con entidades estatales y órganos públicos.

La obra del Porto São Luís “puede generar cerca de 5 mil empleos”, afirma en carta enviada al reportero la Secretaría de Comunicación Social y Asuntos Políticos del Gobierno de Maranhão. El terminal tiene como vecinos otros tres puertos, un par de ferrovías, grandes lotes para la producción de hierro y contenedores, una termoeléctrica y un terminal de transportes federal. La circulación de materias primas producidas en la Amazonía es frenética.

En medio de esa tierra de gigantes, la comunidad de Cajueiro lucha para mantener su estilo de vida. Quien clava su pie en el suelo, paga un alto precio. Los habitantes denuncian desde 2014 la destrucción de casas y de campos, amenazas de agentes de seguridad y toda clase de dificultades para seguir pescando y sembrando. Agentes armados circulan por lo que queda del pueblo, ya destruído por la deforestación.

Cerca de 2.500 personas viven en el territorio del Cajueiro. En el sítio de las obras, el número de residentes cayó de 250 a 50 personas desde el inicio de la construcción, en marzo de 2018. Las informaciones son del Grupo de Estudios en Desarrollo, Modernidad y Medio Ambiente, de la Universidad Federal de Maranhão (GEDMMA/UFMA). El equipo estudia impactos socioambientales de políticas y proyectos de desarrollo económico en la Amazonia.

Para el diputado estadual Wellington do Curso (Partido de la Social Democracia Brasileña – PSDB), la obra en Cajueiro está apoyada por un poderoso juego de fuerzas, que no tiene pudor de atropellar los derechos de los habitantes locales. “Allá identificamos conexiones irregulares entre el capital brasileño e internacional, el gobierno y la justicia, relacionados con crímenes sociales y ambientales, como la destrucción de la vegetación protegida en la ley federal y la desaparición de los manglares”, afirma el congresista.

En esa lucha, los conflictos crecieron junto con la presión de las empresas y del poder público para que los habitantes dejaran sus tierras y sus casas. En el 2017, cinco personas fueron amenazadas de muerte, tres de la misma familia. Los registros son de la Comisión Pastoral de la Tierra. Esa organización de la Iglesia Católica publica informes anuales sobre la violencia en el campo desde 1985, cuando Brasil dejó atrás dos décadas de dictadura militar.

Uno de los amenazados es el pescador Clóvis Amorim da Silva (52). Voz activa en la defensa de los habitantes del Cajueiro, ya tuvo al frente de su residencia una toma de manifestantes, que llegaron al lugar en una veintena de carros y motos. En aquel momento, su madre (74) y su padre (84) resistieron juntos a las agresiones para que dejaran el sítio.

“Pertenecemos a la comunidad, a esa región. No es posible que una empresa llegue imponiendo y forzando, porque tiene dinero, porque es dueña de la justicia, del juez y de quién sabe más qué. Estamos resistiendo para demostrar que nuestros derechos existen y que tienen que ser respetados. No se puede mirar solamente los derechos de los grandes. Esa obra tiene que parar, por todas las ilegalidades sociales y ambientales que tiene”, dice Silva.

Otra amenaza recibió el profesor Horácio Antunes de Sant’ana Júnior, doctor en ciencias humanas y miembro del GEDMMA/UFMA. Sus denuncias sobre el irrespeto a los derechos de la comunidad por empresas y el gobierno fueron contestadas con intimidaciones.

Panfletos distribuidos en la institución pública de enseñanza acusaron al profesor y a los alumnos de interferir en el emprendimiento de la construcción del Puerto en el área de Cajueiro, donde la licencia ya fue otorgada por los órganos competentes. En estos panfletos, también prometieron (verifique aqui) que los “trabajadores desempleados de Maranhão protestarán contra esa acción, estarán en el lugar cerca de 1600 desempleados para lo que se de y se venga”. Su autoría no fue identificada.

Una olla a presión

Sant’ana Júnior también fue atacado directamente por WPR – São Luís Gestión de Puertos y Terminales. La empresa lo acusó de actuar contra el puerto en nombre de la Universidad Federal y exigió la apertura de un proceso administrativo contra el profesor. La institución fue amenazada con un proceso (imagen abajo) en caso de que no fuesen “impedidas tales prácticas abusivas e ilegales”.

(Sobre la hipótesis de la Universidad Federal de Maranhão de dejar de atender lo solicitado en esta notificación, lo que no se cree que vaya a ocurrir, la WPR enfatiza que tomará las medidas judiciales pertinentes contra todos los involucrados, sea por acción deliberada o sea por omisión irresponsable). Fragmento de la denuncia de la WPR contra el profesor Horácio Antunes de Sant’ana Júnior, dirigida a la Universidad Federal de Maranhão en febrero de 2018.

La universidad se encogió de hombros ante las amenazas. Por otro lado, investigando en redes sociales, la WPR encontró combustible para acusar a un defensor público y a un juez estatal de actuaren coordinadamente con entidades civiles en defensa de la comunidad del Cajueiro. El defensor público recibía y dirigía las denuncias de los habitantes, mientras que el juez hacía seguimiento de las mismas en la judicatura estatal. Ambas partes están alejadas del caso.

Mientras tanto, la balanza del Tribunal de Justicia de Maranhão sigue pesando contra los habitantes locales. En una decisión favorable al terminal privado, el juez Lourival Serejo describió a São Luís como una ciudad con un “evidente perfil portuario”. Ya en un pedido del Ministerio Público Federal, para que la licencia del puerto fuese debatida en audiencias públicas y para que fuese aclarada la posesión de las tierras donde avanza la obra, fue archivada sin ninguna evaluación. El área es disputada entre la comunidad local y las empresas.

Cuestionado por el reportaje, el gobierno de Marañón admitió que está otorgando licencia al puerto sin una definición en cuanto a la posesión de las tierras. “El gobierno del Estado señala que el caso está pendiente de diversas acciones judiciales (…) en donde se discute, entre otros, el derecho de posesión y propiedad del inmueble en disputa. Compete al Poder Judicial decidir sobre la posesión del inmueble”, dice en un comunicado a la Secretaría de Comunicación Social y Asuntos Políticos del Gobierno del Maranhão (consultar aquí el comunicado).

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Para el Ministerio Público Federal, ninguna licencia podría ser emitida sin un golpe de mazo de juez en cuanto a la propiedad del territorio. “La propiedad formal del área por los habitantes locales no fue tenida en cuenta en el proceso de licencia. La invisibilidad sobre los derechos de la población alimenta el conflicto agrario. Ese es el aspecto más grave del proceso de licencia”, señala el procurador de la República en Maranhão, Alexandre Soares.

Tan grande atropello de procedimientos legales no sorprende a Marco Antônio Mitidiero Júnior, doctor en Geografía y profesor de la Universidad Federal de Paraíba. Para él, desde el período colonial (1500 – 1822) hasta ahora la violencia física o simbólica siempre fue la principal mediadora de los conflictos por tierras en el Brasil, y no una actuación ajena del Estado o del poder judicial. “Si hay una disputa entre un gran terrateniente de tierras improductivas y un colectivo de campesinos que quieren en ellas producir, la justicia pienza siempre como el hacendero o el empresario”, dijo el investigador de conflictos agrarios.

Tierra de tantos dueños

El Maranhão no es distito del resto de la Amazonia, donde el caos agrario multiplica los títulos de las tierras y permite que oportunistas saquen de sus bolsillos documentos garantizando lotes desde la época de las “sesmarias” – grandes porciones del territorio dedicadas a la agricultura y a la ganadería en el Brasil colonial. Un caldo de cultivo que amenaza el futuro de los que no tienen poder económico o político.

Claro contraste con el escenario que Massinokou Alapong encontró en el Cajueiro a mediados del siglo XIX. La negra traída de Costa de Oro (hoy Ghana, en África) tanto encanto ha visto en aquel escenario de selva y mar que allí construyó el Terreiro de Egipto (plaza de Egipto). Aún reclamado por la selva, el lugar sigue siendo de referencia para las religiones africanas. Abrigó a muchos fugitivos del látigo de la esclavitud. De vez en cuando, el son de los tambores aún allí resuena.

Las actividades regulares en la plaza llegaron a la década de 1960. La iglesia Evangélica llegó un poco antes. Hoy, casi todos los habitantes de Cajueiro están relacionados a esa religión. Se dedicaron siempre a la agricultura, la pesca y a la extractivismo. Costumbres que allí cultivaron o cargaron de diferentes regiones de Maranhão y de otros rincones del país.

Arreglando la atarraya en el balcón de su hogar, Carlos Augusto Barbosa (62) cuenta que el acceso a las playas se complicó y que la cantidad de peces disminuyó con la obra del puerto. Atendiendo al llamado de familiares, llegó a la región a comienzos de los años ochenta. Migró del municipio de Guimarães, ubicado a 200 kilómetros de allá. “Antes, aquí en el Cajueiro teníamos peces y playa cerca de la gente. Desde hace años la situación solo empeora. Nadie nos apoya”, alega.

Mismo con raíces arraigadas en la historia, la permanencia de los habitantes en el lugar sigue sobre la cuerda floja. Siguen invisibles en proyectos dibujados por los gobiernos y sector privado. La brasileña Suzano, una de las mayores productoras de celulosa y papel del mundo, tuvo planes para un puerto en la misma ubicación. Una voz de aliento vino en 1998, cuando la posesión colectiva del territorio por los habitantes locales fue reconocida por el gobierno estatal.

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En esa época, Marañón era nuevamente comandado por Roseana Sarney, hija del ex-presidente José Sarney. Parte de una familia con fuerte influencia en la política estatal y federal, fue elegida gobernadora en 1994 y 1998. Asumió el gobierno más una vez en el 2009, sustituyendo al gobernador destituido Jackson Lago. Al año siguiente, fue reelegida. Sin embargo, renunció en los últimos días de 2014, alegando problemas de salud.

El mandato acabó en manos del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado estatal Antonio Arnaldo Alves de Melo (MDB), ya que el vice-gobernador también había renunciado. En la víspera del Año Nuevo, Melo publicó un decreto quitándole el Cajueiro de sua habitantes y concedió una primera licencia para la implantación del megapuerto privado. En ese mismo período, casi veinte casas en la comunidad fueron demolidas por matones.

Uno de los primeros actos del próximo gobernador de Marañón, Flávio Dino (PCdoB), fue revocar la desapropiación del territorio de Cajueiro. En la balanza, sopesaron los conflictos ya evidentes entre la comunidad y los empresarios y la necesidad de más estudios sobre los impactos socioambientales de la implantación del puerto.

A comienzos de 2015, representantes del gobierno estatal escucharon a los habitantes y a las entidades civiles, y participaron de reuniones en la comunidad. En mayo del siguiente año, Dino garantizó a la viceprocuradora general de la República, Deborah Duprat, que buscaría soluciones para el conflicto. En la práctica, fueron promesas inocuas.

“El gobierno de Maranhão se volvió cómplice de todas las irregularidades y crímenes cometidos en el Cajueiro y pasó a cargar en su espalda la responsabilidad de todo el desastre ambiental y social que el emprendimiento ya provocó y que continúa provocando”, evalúa el profesor e investigador Horácio Sant’ana Júnior, de la Universidad Federal de Maranhão.

A pesar de la posesión colectiva concedida en 1998 a los habitantes del Cajueiro, las tierras donde el puerto es construido fueron compradas por la WPR – São Luís Gestión de Puertos y Terminales en el período electoral de 2014, en una negociación con la BC3 HUB Multimodal Industrial. Esa pertenece a Helcimar Araújo Belém Filho (49), abogado y vicepresidente de Desarrollo Operacional del consejo directivo del Consejo Consejo Regional de Contabilidad de Maranhão, y a Carlos César Cunha (64), dueño del Club CB450, casa de fiestas populares en la Villa Embratel, en la periferia de São Luís. Sus nombres están vinculados a empresas habilitadas a la compra y venta de tierras, operación de puertos, minería, generación de energía y manejo maderero.

Hace casi una década, Belém Filho se acercó de consultores de Brasil, Suiza y Reino Unido, los cuales plasmaron en el papel el proyecto Atlántico Ecuatorial. Una empresa del mismo nombre fue creada en la municipalidad de Nova Lima, estado de Minas Gerais, por Belém Filho y Willer Hudson Pos, ex presidente de la Fundación del Medio Ambiente de Minas Gerais. Él también fue director del Instituto Minero de Gestión de Aguas y actuó en el conglomerado británico Anglo American, uno de los mayores grupos de minería del mundo.

Según lo planeado, un área semejante a 1200 campos de fútbol, absorbiendo la región del Cajueiro, será cubierta con patios de contenedores, terminales para tractomulas y trenes, y un puerto. El proyecto también está conectado con la extracción de hierro en el estado de Tocatins. “La mejor oportunidad de negocios con un alto retorno de la inversión”, dice una presentación del emprendimiento (consultar aquí). Después de explicarle por teléfono a Belem Filho nuestro interés en entrevistarlo sobre la obra del puerto, no atendió más a nuestras solicitudes hasta la conclusión del reportaje.

El nombre de César Cunha figura en otro conflictos involucrando posesión de tierras en la capital de Maranhão, en varios procesos judiciales y hasta en informes de operadoras de puertos en la región. Una de las comunidades presionadas por él para dejar el lugar donde viven fue Camboa dos Frades, cercana al Cajueiro y vecina de una termoeléctrica que abastece una gran parte del estado.

“Él llegó diciendo que era dueño de las tierras, que iría a pagar por nuestro bienes. Muchas personas vendieron y salieron, pero hasta ahora no recibieron lo negociado. No podemos instalar energía, ni abrir una calle o una parcela. No hay nadie a quién pedir auxilio, es solo a puerta cerrada”, dice Maria do Ramo Coelho Santos (44), ex-presidente de la Asociación de Habitantes de Camboa dos Frades.

Según estudios publicados por profesores y alumnos de Geografía de la Universidad Federal del Maranhão, los primeros habitantes llegaron a Camboa dos Frades alrededor del año 1920. En un informe de la Empresa de Administración Portuaria del Maranhão, gestora del vecino Puerto de Itaquí – uno de los más grandes del país -, las tierras de Cunha suman más de 240 hectáreas en la región. “Compré (tierras en la localidad) en 1975”, dijo a la reportaje el dueño del Club CB450. En aquella época él tenía 20 años de edad.

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Un posible esquema que involucra la falsificación de documentos para la posesión de tierras de las comunidades rurales de São Luís es investigado desde hace más de 2 años. Para avanzar, la indagación necesita del apoyo de órganos estatales de los poderes ejecutivo y judicial. “Incluso con títulos precarios sobre gran parte del territorio, debería valer la usucapión para asegurar la permanencia de las comunidades en los territorios donde tradicionalmente viven”, dijo una fuente del gobierno de Maranhão, que prefirió no ser identificada para no verse perjudicada profesionalmente.

Unidos por el puerto

Además de la confusión en cuanto a la propiedad de las tierras y a las repetidas denuncias de agresiones contra los habitantes locales, la obra del puerto en el Cajueiro está relacionada con empresas investigadas por fraude y corrupción.

De acuerdo con la operación Greenfield, disparada por la Policía Federal en 2016 para investigar fraudes en fondos de pensiones, en aquel tiempo la WPR – São Luís Gestión de Puertos y Terminales y la contratista paulista WTorre eran de un mismo grupo controlado por el empresario Walter Torre Júnior. La Greenfield ata su nombre a siete empresas con las mismas iniciales WPR, incluida la implicada en el nuevo puerto de São Luís. La WTorre también está vinculada a proyectos de edificios comerciales, astilleros, plazas de montadoras de vehículos y al Allianz Parque, el estadio del Palmeiras, campeón brasileño de fútbol en 2018.

Investigaciones sobre crímenes financieros y desvío de recursos públicos de la operación Lava Jato – iniciada hace 5 años, también por la Policía Federal – apuntan a que WTorre habría recibido R$ 8 millones (US$ 4,6 millones) en sobornos para que la constructora OAS venciese en una licitación pública, quedándose con una obra para Petrobras. La estatal brasileña actúa en 25 países en actividades de producción, refinamiento, venta y transporte de petróleo, gas natural y derivados.

Walter Torre Júnior y WPR también son investigados por la 8a Jurisdicción Criminal de São Luís, justamente por crímenes ambientales relacionados con la obra del puerto en el Cajueiro, que fueron denunciados por el Ministerio Público de Maranhão. En la lista, se encuentran la muerte de animales silvestres y la destrucción de la selva y los manglares en áreas protegidas por la legislación federal y fuera de los límites autorizados por los órganos públicos.

Buscando siempre el apoyo político para sus negocios, WTorre invirtió casi R$ 10 millones (cerca de US$ 2,6 millones) en las elecciones de 2010 y 2014, patrocinando candidatos de todas las regiones del país. Flávio Dino recibió de las empresas una de las mayores donaciones individuales en su victoriosa campaña de 2014 – más de R$ 250 mil (US$ 64 mil) -, posteriormente tras el aporte de empresas de gas, minería y de construcción civil. Casi 40% de los recursos de la campaña de Dino fueron gracias a esos sectores. El restante vino de su partido político.

En el año siguiente, el financiamiento privado de las campañas electorales fue prohibido por el Tribunal Supremo Federal, quien vio en la práctica una válvula de escape para la corrupción. Las elecciones en Brasil cuentan ahora con donaciones de ciudadanos, recursos públicos y un fondo partidario, financiado también con recursos privados.

Ex juez federal, Dino es el primero y hasta ahora el único gobernador del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) en el país. Asumió su primer mandato alimentando las expectativas de acercamiento con los movimientos sociales y de rompimiento con décadas de dominación política del estado por las familias Sarney, Lobão y Murad. En sus primeras entrevistas como gobernador electo, prometió una “revolución democrática burguesa” y un “choque de capitalismo” para Maranhão, uno de los estados recordistas nacionales en pobreza y violencia en el campo.

Dicho y hecho, el gobernador no se ha reservado adulaciones políticas para atraer inversiónes privadas al estado. Participó de la firma del acuerdo entre China Communications Construction Company y WPR – São Luís Gestión de Puertos y Terminales para la construcción del puerto en el Cajueiro. Respaldado por secretarios del gobierno, empresarios brasileños y chinos, también celebró, hace una año, la inauguración de las obras del terminal privado.

Según el profesor de la Universidad Federal de Maranhão Horácio Sant’ana Júnior, la presencia del gobernador en ceremonias de empresarios dejó claro que los derechos de la comunidad no serían considerados. Según él, desde entonces el gobierno oculta debajo del tapete las agresiones a los habitantes, las irregularidades en el proceso de licencia, los crímenes ambientales y la turbia compra de tierras para la obra.

“La empresa pasó de actuar con mucha más libertad, avanzó en la deforestación, prosiguió con el derrumbe de casas y con los intentos de chantajear a los habitantes que quieren permanecer en el territorio. El gobierno de Maranhão es cómplice de las irregularidades y crímenes, y carga a sus espaldas con la responsabilidad por todo el desastre ambiental y social que ese emprendimiento que ya provocó y que continúa provocando. Los habitantes fueron abandonados a su suerte”, constata el investigador.

Área protegida bloqueada

Otra campaña beneficiada por la WTorre fue la de José Sarney Filho, hermano de la ex-gobernadora Roseana Sarney. Los R$ 300 mil (US$ 77 mil) donados por la empresa fueron el mayor aporte que el candidato recibió del sector privado en la campaña de 2014. Asumió su noveno mandato como diputado federal al año siguiente, por el Partido Verde del Maranhão.

Después de ser nombrado ministro de Medio Ambiente por el ex-presidente Michel Temer, se sumó al coro contrario a la creación de una reserva extractiva que cubriría hasta 16 mil hectáreas de selva y una decena de comunidades, incluida la del Cajueiro.

“Por lo que estoy viendo, el Gobierno del Estado está en contra, la alcaldía está en contra, los senadores están en contra. Ya indiqué estudios, pero en este caso tenemos que escuchar a todos y en momentos de crisis, como este, no podemos cortar con el crecimiento de Marañón. No estoy de acuerdo del modo en que está siendo constituida esa reserva, voy a indicar al ICMBio que examine ese asunto”, mencionó el ministro en una reunión en la Federación de Industrias del Estado de Marañón, en Junio de 2016.

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El ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad es responsable de la creación y gestión de los parques nacionales y de otras áreas protegidas federales. En una reserva extractiva, las reglas permiten que comunidades convivan con ambientes preservados. El modelo es fruto del trabajo de caucheros como Chico Mendes. El líder contra el avance del latifundismo en la Amazonía fue asesinado a tiros con escopeta en 1988, en el estado de Acre.

Los habitantes de Cajueiro esperan desde 2003 la creación de la Reserva Extractiva de Tauá Mirim, donde podrían ser asentados y mantener su modo de vida. Ellos son indemnizados y deslocados individualmente para la construcción del puerto, despedazando lo que un día fue una comunidad. Muchos aceptaron indemnizaciones por los lotes y las casas, enfrentando un futuro lejos de la selva y distante del mar.

“Las indemnizaciones son una expectativa de mejora de vida, pero sin embargo, el dinero se acaba y muchas personas no saben vivir fuera de aquí. Sin estudios, las mujeres trabajarán como aseadoras y los hombres terminarán en el alcohol”, dice Lucilene Raimunda Costa (61). Ella vive en Cajueiro hace más de dos décadas, pero frecuenta la comunidad desde cuando tenía 5 años.

Para el diputado estatal Wellington do Curso (PSDB), una solitaria voz crítica del gobierno de Flávio Dino en la Asamblea Legislativa, la reserva extractiva mitigaría los impactos del megapuerto sobre la selva y las personas. No obstante, él no ve perspectiva para el futuro del Cajueiro, pues la voz de quien resiste al exterminio de la comunidad no resuena en los órganos que deberían velar por sus derechos.

“Las personas son desplazadas para un lugar completamente distinto de donde nacieron o vivían de la pesca o la agricultura. ¿De qué vivirán? No tienen empleo, no tienen jardines infantiles, no tienen escuela, no tienen calidad de vida. Miseria, criminalidad, violencia, prostitución y tráfico de drogas acostumbran a acompañar el futuro de poblaciones desplazadas a la fuerza”, protesta.

De los ex gobernadores de Maranhão, Jackson Lago dio luz verde a la reserva extractiva, mientras que Roseana Sarney dijo no a la área protegida. Hasta ahora, el Ministerio Público Federal espera un desempate del gobierno de Flávio Dino sobre el futuro de Tauá Mirim.

Los estudios para su creación están listos y su diseño desvió el sítio del puerto Brasil-China, pero esta área se enfrenta con planes para la construcción de más infraestructura logística y de transportes, y hasta de una base de la Marina. También hay presión política para convertir casi toda la isla de São Luís en una zona industrial. Cansadas de esperar, las comunidades declararon la reserva creada, en el 2015. La medida no tiene efecto legal o práctico pero aumenta el clamor de aquellas poblaciones por la permanencia en el territorio tradicional.

“Las comunidades tienen derecho a una respuesta del Poder Público, pero el escenario es desfavorable para la reserva, ya que la protección del ambiente y de las comunidades está sometida a un juego de fuerzas completamente desigual. Esas poblaciones están sub representadas en el aspecto político ante empresas que tienen una gran capacidad de influencia, sin olvidar la del Gobierno de Maranhão, que habla en nombre de esos intereses empresariales”, analiza Alexandre Soares, procurador de la República en Maranhão.

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Según el comunicado enviado por el Gobierno Estatal, “todas las previsiones que competen al poder público estatal están siendo tomadas, considerando la importancia de la inversión, al igual que la seguridad de los habitantes del área, la preservación del medio ambiente y el respeto a la etnia y al ejercicio de los cultos de las religiones de origen africano”. También afirma que en “relación a las denuncias señaladas por la comunidad, el Gobierno de Estado reitera el pleno acompañamiento por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y Participación Popular, en reuniones y audiencias públicas realizadas para el diálogo con la población local”.

Un tablero global

De acuerdo con el diputado estatal Wellington do Curso (PSDB), ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa de Maranhão, las crisis como la que asombra a la comunidad del Cajueiro podrían tener otro desenlace si la legislación fuese respetada y si la población fuese escuchada desde la planeación para la ocupación del territorio por emprendimientos privados apoyados por el Poder Público.

“Nadie está en contra del desarrollo, desde que ocurra de forma ordenada y sustentable. Si la obra del puerto hubiera sido precedida por un amplio debate, no habría sido forzada por la garganta de la sociedad y de la comunidad local. São Luís y el Maranhão no necesitan crecer dándole la espalda al futuro de las personas”, dice.

Al mismo tiempo, Marco Antônio Mitidiero Júnior, de la Universidad Federal de Paraíba, defiende que no se pueden desprender las agresiones sociales y ambientales registradas en el Cajueiro de las crecientes inversiones de la “especulación financiera global” en la producción de soya, carne, hierro y otros commodities agropecuarios y minerales en Brasil.

“Tales inversiones van en contra de la vida y de los derechos de las comunidades campesinas, quilombolas (descendientes de esclavos), ribereñas e indígenas, considerándolos como obstáculos a ser desplazados de donde viven con violencia, con la participación del Estado y del poder judicial”, explica.

Según Mitidiero, la preocupación sobre una influencia desmedida del poderío económico internacional en el destino de las comunidades rurales brasileñas creció con la llegada a la Presidencia de la República del extremista Jair Bolsonaro. Elegido en el 2018, Bolsonaro ha estructurado un gobierno militarizado, opuesto al respeto del modo de vida de las poblaciones rurales e indígenas y aún más abierto al ideal de sectores retrasados del agronegocio.

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En sus discursos, Bolsonaro prometió que “no habrá un centímetro para más delimitación” de tierras indígenas, que esa población será integrada a la sociedad urbana y que tendrán sus tierras abiertas a la minería y la agricultura. También comparó a los indígenas en sus reservas con animales en zoológicos y afirmó que los quilombolas no sirven “ni para procrear”.

“Todo (en el nuevo gobierno) apunta a una mayor concentración y apropiación de los territorios, con la supresión de los derechos de indígenas, quilombolas y de la conservación de la naturaleza, abriendo más espacios a los mercados internacionales de tierras y commodities”, señala el investigador de la Universidad Federal de Paraíba.

Este reportaje es parte del especial trasnacional Tierra de resistentes, que realizaron periodistas de siete países latinoamericanos y que republicamos con su permiso.