El litio arrasa con los derechos de las comunidades en Argentina

Empresas mineras responden al boom de las baterías y miran a los salares de Argentina, dejando de lado a las comunidades

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Comunidades en la provincia de Jujuy se oponen a la extracción del litio. Un nuevo informe de la organización FARN sostiene que su derecho de ser consultados previo a los proyectos no está siendo respetado (imagen: Richard Bauer)

China es un actor de gran relevancia en el mercado del litio: Demanda el 35% del litio extraído a nivel mundial y controla el 75% de las soluciones de electrolitos utilizados en baterías.

En ese marco, empresas chinas se han asociado en los proyectos de extracción de litio en los salares de Argentina, el único de los tres países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio” donde este mineral es libremente concesible.

Debido a un marco legal e institucional que favorece las inversiones en el sector, Argentina pasó de contar con un único proyecto iniciado hace veinte años a sumar hoy 46 proyectos de minería de litio en distintas etapas.

Argentina, que junto a Bolivia y Chile acumula el 80% de las reservas de salmuera con litio del mundo, posee el mercado más dinámico de la región. Por eso, lograr el acceso a sus salares, en un contexto de crecimiento acelerado de la demanda de litio a nivel global como consecuencia directa de su asociación con la movilidad eléctrica, es clave.

Sin embargo, para lograr avanzar con un proyecto extractivo en Argentina se necesita contar con la aprobación de las comunidades locales y cumplir con los requisitos y normas legales nacionales e internacionales, así como garantizar el respeto de los derechos humanos en general.

Una investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) analizó los impactos sociales y ambientales de la extracción del litio en Argentina, específicamente en los salares de Olaroz-Cauchari en la provincia de Jujuy, y se encontraron varias violaciones en el cumplimiento de las leyes.

La investigación pudo identificar que las iniciativas de las empresas Minera Exar y Sales de Jujuy incumplieron con el debido proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas locales, propietarias del territorio donde se emplazan los proyectos. Si bien tuvieron cierta participación, el proceso de consulta se dio de manera condicionada.

Las empresas tienen la obligación de proveer la información en un plazo apropiado y de manera tal que quienes integran las comunidades puedan comprenderla. Sin embargo, debido a la naturaleza técnica y la extensión de los materiales proporcionados, las comunidades tuvieron grandes dificultades para comprender los datos proporcionada por las mineras.

Asimismo, según declaraciones de integrantes de las comunidades afectadas, las empresas no divulgaron toda la información pertinente sobre los factores de riesgo previsibles, ni sobre sus potenciales impactos en el ambiente.

Si bien es el Estado el que debe garantizar el derecho a la participación, la investigación de FARN resaltó la ausencia de autoridades competentes en distintos momentos del proceso. Esto quiere decir que los intercambios y diálogos entre comunidades locales (con alta vulnerabilidad social y limitado acceso a servicios básicos) y empresas internacionales se dieron sin supervisión alguna por parte del gobierno provincial.

Las preocupaciones de las comunidades vinculadas a los impactos ambientales de la extracción de litio no han sido suficientemente tenidas en cuenta

Además, el gobierno provincial no cumplió con el requisito de proporcionar información básica que ayude a comprender los impactos ambientales de la extracción de litio en la zona. Esto afecta negativamente su capacidad para evaluar el proyecto en cuestión y/o para controlar sus actividades, de acuerdo con FARN.

Las preocupaciones de las comunidades vinculadas a los impactos ambientales de la extracción de litio no han sido suficientemente tenidas en cuenta en el proceso, concluye el informe. Además, sus integrantes no tuvieron acceso a estudios técnicos que den cuenta del riesgo hídrico que genera la extracción de litio en los Salares.

En vista de estos hallazgos, la investigación mencionada hace una serie de recomendaciones a los distintos actores involucrados. Entre ellas, acciones específicas adjudicadas al gobierno provincial respecto de realizar una consulta previa de acuerdo con los estándares existentes; y a las empresas involucradas, de compartir información adecuada y asegurar el cumplimiento de derechos a lo largo de toda la cadena de suministros.

La participación de China

El proyecto que la empresa Minera Exar, con participación de la empresa china Jiangxi Ganfeng Lithium (GLF), lleva adelante para la explotación de litio en el salar de Olaroz-Caucharí fue el segundo en instalarse en la zona luego del de Sales de Jujuy.

Minera Exar originariamente estaba conformada por la empresa canadiense Lithium Americas Corp y la chilena Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Sin embargo, en 2017, Jiangxi Ganfeng, el productor de litio más grande de China, realizó una inversión en Lithium Americas y se convirtió así en el accionista de mayor tamaño de la empresa.

16.94%

El porcentaje de Lithium Americas en manos de Jiangxi Ganfeng

Jiangxi Ganfeng financió con US$125 millones la construcción del proyecto de extracción de litio en Argentina, por lo que obtuvo el derecho de compra de la producción de carbonato de litio de Minera Exar a precios de mercado durante los siguientes 20 años . Actualmente, GFL posee el 16,94% de las acciones de Lithium Americas.

Tan solo un año después, GLF y Lithium Americas adquirieron las acciones de SQM en Minera Exar, por lo que la empresa Minera Exar y su proyecto de litio en Argentina quedaron en manos de la empresa china (37,5%) y de su par canadiense (62,5%).

En parte gracias al aporte de los capitales asiáticos, el proyecto Minera Exar continuó su avance, ubicándose hoy en día en la etapa inicial de producción con una proyección de inicio de ventas de litio para el 2020.