Comunidad peruana quiere acabar convenio entre la Policía y minera china

Habitantes de Las Bambas demandan convenio que sienten lleva a que la institución pública tome partido por la minera.

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Desde 2006, se permite a la policía peruana prestar servicios de seguridad a empresas privadas (imagen: Alamy)

Apurímac, una de las regiones al sur de los Andes peruanos con la mayor inversión extractiva, aloja la mina de cobre Las Bambas, operada por el consorcio de capitales chinos conformado por MMG Limited, Guoxin International Investment y CITIC Metal. En las alturas de esta región los comuneros de las seis provincias de Apurímac, representados por el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, esperan la resolución a la demanda de amparo que presentaron contra la minera y la Policía Nacional en abril de 2019. La disputa: los convenios que la empresa china mantiene con la Policía desde hace cinco años y que se han traducido en la desconfianza hacia el gobierno.

“Cuando no hay justicia, ¿cómo te pueden escuchar? ¿Cómo pueden hablar de democracia si no hay respeto? Solo nos queda protestar, pero la policía nos puede detener. Están usando a la Policía Nacional como una forma de intimidar”, dice Víctor Limaypuma Ccoricasa, dirigente del Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas. Las cerca de 200 comunidades que conforman la asociación se oponen a la constante presencia policial que resguarda a la empresa. Esa es la situación que buscan revertir mediante una demanda presentada hace casi un año ante el Juzgado Civil Mixto de Tambobamba, en Apurímac.

No es la primera vez que las comunidades y Las Bambas se enfrentan. A seis horas en auto desde la ciudad de Cusco, la zona alrededor de la mina ha sido el escenario de diversas conflictos desde el 2015 que han dejado como consecuencia el fallecimiento de cuatro comuneros. De acuerdo a las comunidades, que viven en el área de influencia de uno de los proyectos más grandes a nivel mundial, se violaron sus derechos a la consulta previa y a la propiedad, se modificaron los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, y se inclumplieron las medidas que aminoraban la contaminación del ambiente. Estas acusaciones llevaron a las comunidades a bloquear las rutas por donde se trasladaba el mineral como medida de protesta, lo que generó pérdidas económicas para empresa.

Hasta el día de hoy las disputas continúan. Según los comuneros, a estos graves cuestionamientos ahora se suma la constante presencia de la Policía Nacional en resguardo de la empresa -y en detrimento de ellos.

“Ante cualquier reclamo que hacemos, la Policía nos dice que no tenemos derechos”, dice Ronald Quispe. A sus 30 años, es el presidente del Frente de Defensa del distrito de Mara y miembro de la comunidad campesina quechua de Miraflores, reconocida así en la base de datos oficial del Ministerio de Cultura. Mara es uno de los distritos que había sido considerado inicialmente dentro del área de influencia directa de Las Bambas. Después de una de la modificatorias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, el distrito y sus más de 1500 habitantes no fueron considerados como zona de afectación, pese a que los camiones de la empresa y la policía se trasladan por el lugar camino a la mina.

Los adultos no son los únicos afectados con la presencia policial. “Los niños creen que hay guerra. No entienden bien porqué hay muchos policías y eso les afecta”, comenta Ronald Quispe.

Cuestionados convenios

Un cambio en la Ley Orgánica de la Policía Nacional permitió en 2006 de forma explícita la prestación de servicios por parte de su personal a otras entidades públicas y privadas. Una década después, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski emitió el Decreto Supremo Nº 003-2017-IN en el que permitió la celebración de convenios con empresas extractivas.

El convenio entre la policía y Las Bambas fue suscrito 2017 con autorización del entonces ministro del Interior Carlos Basombrío. Sin embargo, la prestación de servicios ya venía dándose desde años atrás. Entre 2015 y agosto de 2018, la Macro Región Policial de Cusco recibió el pago de más de S/ 4 millones (US$ 1,200 millones) de la minera por la protección de sus instalaciones, bienes y personal. La mayoría de convenios incluyen, además del resguardo policial, apoyo logístico, alimentación, hospedaje y asesoría legal cuando los policías lo necesiten.

Un informe publicado el 2019 por las organizaciones EarthRights International (ERI), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reveló que se suscribieron 138 convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas entre 1995 y 2018. Hasta marzo de 2020 ya suman 167, de los cuales por lo menos 29 se encuentran vigentes.

Pese a que el nuevo embajador de China en Perú, Liang Yu, anunció que la inversión china en el país alcanzó los US$ 30,000 millones el diciembre pasado -monto superado en la región solo en Brasil-, algunas de las empresas de capitales asiáticos son las que registran mayores índices de conflictividad socioambiental.

Fuente: Ministerio del Interior, Informe de ERI, IDL y la CNDDHH (al 31 de diciembre de 2019).

La firma de los convenios afecta la imparcialidad y la independencia de la policía, según varios abogados, ya que crean un vínculo entre la institución y las empresas extractivas que favorece el desarrollo de sus actividades. Esto además de la posible violación de los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que se encuentran en las zonas de influencia directas e indirectas de los proyectos.

“Lo que en el fondo se comercializa es la propia autoridad del Estado. No les interesa contratar a alguien que solo garantice la seguridad de las empresas, sino también la autoridad que la policía representa”, dice Álvaro Másquez Salvador, especialista legal y miembro del equipo de investigación del Instituto de Defensa Legal.

La demanda al convenio con Las Bambas no es el único caso que está pendiente de resolución.

En los próximos meses el Tribunal Constitucional, última instancia judicial en el Perú, resolverá el pedido de anulación del “contrato” entre la Policía y la minera Glencore Antapaccay, solicitado por Oscar Mollohuanca, exalcalde de la provincia cusqueña de Espinar, y Carlos Umasi, presidente de la Asociación de Productores Pecuarios de Huinipampa. Por otro lado, el Colegio de Abogados de la región San Martín presentó en 2019 una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que hacen posible los convenios y busca anular todos los convenios vigentes en el país.

Situación actual en el corredor minero

Durante las primeras horas del día, volquetes y camiones de la empresa trasladan el mineral extraído y atraviesan el corredor minero, vía que atraviesa los departamentos de Arequipa, Apurímac y Cusco, pese al “doble estado de emergencia” que atraviesa la zona. La primera medida fue promulgada una vez más a inicios de marzo a solicitud del Director General de la Policía Nacional quien comunicó a través de un informe sobre el conflicto latente en la zona. La segunda declaratoria de emergencia es parte de las acciones tomadas para controlar la epidemia del COVID-19.

Las comunidades de la zona, impedidas de movilizarse por los decretos, solicitan también la inmovilización por parte de los trabajadores de las empresas mineras. Las carreteras que forman el corredor minero solían ser caminos comunales, distritales o regionales, pero, a pedido de los gobiernos regionales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) las reclasificó como nacionales. La polvareda generada y el cambio en la forma de transportar el mineral proveniente de la mina ha generado mayores conflictos, situación que se mantiene en debate a través de las mesas de diálogo instaladas por el gobierno, pero que se encuentran ahora suspendidas por la amenaza del coronavirus.

Si bien el uso de la fuerza en los conflictos sociales ha sido abordado en la Defensoría del Pueblo, la constitucionalidad de los convenios policiales es aún un tema pendiente, dice Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente.

En los últimos cinco años, debido a los estados de emergencia el gobierno ha suspendido en doce oportunidades los derechos constitucionales en cuanto a la libertad y seguridad personal en diversas áreas del corredor minero.

La Procuraduría Pública del Ministerio del Interior -mediante un escrito judicial- insiste en defender la constitucionalidad del convenio suscrito por la Policía Nacional y Las Bambas. “Dicha actividad policial cuenta con un marco legal vigente que permite al personal policial, en forma voluntaria, brindar servicios de protección y seguridad en una jornada complementaria a su función policial”, señala en el documento. Y rechaza que se violen los derechos fundamentales a la seguridad ciudadana o a la igualdad.

Intentamos hablar por correo electrónico y por teléfono con Las Bambas para conocer su posición sobre la acción judicial de la comunidad contra su convenio con la policía. Finalmente, voceros de la minera nos informaron por mensaje de whatsapp que “la empresa no se va a pronunciar sobre el tema”.

Mientras, los estados de emergencia a causa de la epidemia se han convertido en situaciones permanentes en el sur del país.

En los próximos meses, si el estancamiento causado a las entidades estatales por la epidemia del COVID-19 lo permite, el juzgado de Cusco dirá si la Policía nacional peruana puede al mismo tiempo recibir pago de una empresa para proteger sus intereses y velar por la seguridad de una comunidad que se opone a esa compañía.