El pasado 29 de abril, más de 260 grupos de la sociedad civil en todo el mundo enviaron una Declaración a varias instituciones chinas pidiendo que garanticen que la ayuda financiera anunciada por el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) y el Banco de Desarrollo de China (BDC) para apoyar a empresas chinas y proyectos de la “alta calidad” de la iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative o BRI, por sus siglas en inglés), evite rescatar proyectos que ya presentaban riesgos sociales, ambientales, climáticos o financieros antes del inicio de la pandemia.
De manera crucial, el anuncio de MOFCOM y el BDC, estableció que los proyectos que reciban el apoyo financiero para mitigar las pérdidas ocasionadas por el COVID-19 debían ser de “alta calidad”, “legalmente compatibles” y “riesgos controlables.” En la Declaración, las organizaciones sociales identificamos 60 proyectos chinos -14 de ellos en América Latina- en los sectores de minería, pulpa y papel, energía hidroeléctrica, infraestructura, combustibles fósiles y otros sectores que no cumplen con estos criterios. Ante la falta una clara definición de lo que sería un proyecto de “alta calidad” por parte de MOFCOM y del BCD, las organizaciones sugerimos diez principios que debía cumplir un proyecto para ser considerado de “alta calidad”. Estos principios incluyen garantizar evaluaciones creíbles y sólidas del impacto ambiental, la obtención del consentimiento libre, informado y previo, un compromiso de no impactar las áreas clave de biodiversidad, garantizar la alineación del proyecto con normas ambientales y de derechos humanos internacionales, y con las propias directrices chinas como la Directriz de Crédito Verde.
El 20 de mayo, 73 organizaciones latinoamericanas enviamos otra misiva a MOFCOM y a la Comisión de Administración y Supervisión de los Bienes Estatales de China (CASBE), entidad a cargo de supervisar a las empresas centrales estatales de ese país. Esta vez, las organizaciones informamos que las compañías Minera Chinalco Perú; Shougang Hierro Perú; MMG Las Bambas S.A.; China Andes Petroleum; Ecuacorrientes S.A. (consorcio conformado por China Railway Construction Company y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Company) y el Grupo Corporativo China Gezhouba en asociación con Hidrocuyo S.A. y Electroingeniería S.A habían incumplido medidas sanitarias para evitar y manejar los casos de Covid-19, y habían incurrido en flagrantes violaciones de los derechos de los trabajadores en Perú, Argentina y Ecuador.
Estamos en julio y no hemos recibido respuesta alguna de ninguna de las 19 entidades gubernamentales chinas, entre ellas MOCFOM y CASBE, ni de las varias embajadas chinas en la región a quienes, después de un trabajo monumental, se logró enviar las dos cartas. Frecuentemente, se requiere de un trabajo detectivesco para encontrar información de contacto de autoridades y funcionarios públicos de los diferentes Ministerios, agencias y embajadas chinas. Igual ocurre con la información de contacto de los personeros de la embajadas. Las páginas web en su gran mayoría están incompletas y/o desactualizadas, los números de fax no funcionan, y hasta los servicios de correo rápido reportan que los sobres no son recibidos por las personas e instituciones en China. En algunos casos, miembros de nuestras organizaciones acudimos a las embajadas chinas en nuestros países para entregar las cartas físicamente, lamentablemente en algunas de ellas los porteros que recibieron las cartas se negaron a firmar el documento de recepción.
Similares desafíos enfrentamos cuando buscamos información del Banco de Desarrollo de la China, del Banco de Importaciones y Exportaciones de China (Eximbank), del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) y del Banco de China los cuales financian préstamos e inversiones en América Latina. Ni siquiera el Banco de Desarrollo de la China, el prestamista chino más importante para América Latina, no publica su portafolio de préstamos por región, país y sector, no da a conocer al público sus métodos y requisitos de evaluación ambiental en sus operaciones, ni ofrece puntos de contacto a nivel de país y en China con quien las organizaciones sociales puedan comunicarse.
Frente a todo esto, enviamos una nueva carta el 10 de Julio al Ministerio de Relaciones Exteriores de China, reafirmando nuestro deseo de entablar una comunicación constructiva con las entidades chinas y exhortando al Ministerio a interponer sus buenos oficios con las embajadas, ministerios y otras instituciones chinas a publicar información de contacto actualizada de personeros claves. La “visión de una comunidad global con un futuro compartido”, como lo ha propuesto el Consejo de Estado chino en el documento de “China en Acción: Luchando contra el Covid-19” no es viable si China continúa ignorando nuestras cartas y peticiones.
Nuestras organizaciones creemos en el Consejo de Estado chino cuando manifiesta que la “solidaridad y cooperación son las armas disponibles más poderosas para la comunidad internacional en la guerra contra la pandemia”. Por ello, guardamos la esperanza de que el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, hoy más que nunca, reconozca los beneficios de dialogar con las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana. El primer paso, es ayudar a que los ministerios, bancos, embajadas y otras instituciones que hemos mencionado proporcionen información de contacto actualizada y abran canales de participación para hablar sobre estos temas.
Después de todo China es la segunda economía del mundo, genuinamente comprometida con el multilateralismo y los intercambios entre pueblos, y un líder mundial en la tecnología de la comunicación.
