La búsqueda de nuevas áreas mineras se expande hacia territorios indígenas en medio del aumento de los ingresos y las exportaciones de minerales de Brasil y los incentivos del gobierno de Jair Bolsonaro, ha revelado un nuevo informe.
En total, 570 empresas y asociaciones mineras tienen 2478 solicitudes activas presentadas para la investigación minera en 261 tierras indígenas. Pretenden explotar una superficie total de 10,1 millones de hectáreas, casi el tamaño de Inglaterra. Los datos, encontrados en noviembre de 2021 en el sistema de la Agencia Nacional de Minería (ANM), se incluyen en un nuevo informe, publicado el 22 de febrero por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) -la mayor red de organizaciones indígenas del país- y Amazon Watch, una ONG internacional.
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Las solicitudes activas presentadas para la investigación de minerales se realizaron en el sistema de Agencia Nacional de Minería de Brasil. En total, participan 570 empresas y asociaciones mineras.
“Estas solicitudes representan una destrucción, un genocidio de los pueblos indígenas”, dijo Dinaman Tuxá, coordinador ejecutivo de Apib. “Representan el conflicto socioambiental que hay”.
En la actualidad, la exploración en estas áreas está prohibida, pero los requisitos pueden garantizar prioridad a las empresas en la eventual aprobación de leyes que permitan el avance de las actividades en tierras indígenas. Por ejemplo, el proyecto de ley 191/2020, actualmente en el Congreso, regula la minería y otras actividades en los territorios indígenas; y el proyecto de ley 490/2007, en el Tribunal Supremo Federal, puede alterar la demarcación de las tierras indígenas. 
“La minería ha sido elevada a la categoría de actividad esencial para la economía brasileña, y esto significa que recibe inversiones de manera mucho más fácil”, dice Rosana Miranda, asesora de campaña de Amazon Watch en Brasil.
Para grupos indígenas como Apib, sin embargo, representan un incumplimiento por parte del gobierno brasileño en la protección de los pueblos originarios y de la norma 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que prevé la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas afectadas por las grandes empresas.
“No hay una preocupación en el sentido de construir, con los indígenas, mecanismos que sean menos dañinos para la extracción de estas materias primas”, evaluó Tuxá.
Un vocero de la ANM le explicó a Diálogo Chino que la explotación minera en tierras indígenas depende de una decisión del Congreso y que la agencia sólo sigue las leyes y reglamentos vigentes.
La agencia también afirmó que “ninguna solicitud para la ejecución de la actividad minera prospera en áreas con bloqueo legal”, como las tierras indígenas.
Contradicciones de la minería
A pesar de ser responsable de hasta el 28% de las emisiones indirectas de CO2 en el mundo, según un estudio de McKinsey sobre sostenibilidad, la minería recibe un trato tangencial en la agenda medioambiental mundial. Hoy en día, sigue adquiriendo un papel relevante en los debates sobre energías renovables, ya que minerales como el litio serán esenciales para la transición energética mundial.
Pero a pesar de sus nuevos usos y de su perfeccionamiento técnico, la minería ha estado históricamente asociada a acusaciones de violaciones de los derechos humanos en Brasil, desde el ciclo del oro en el siglo XVII y la fiebre del oro en Serra Pelada, Pará, en la década de 1980, hasta hace poco.
Estas solicitudes representan una destrucción, un genocidio de los pueblos indígenas
Según el informe, los principales objetivos de las solicitudes son las tierras indígenas Xikrin de Cateté, cuya etnia Para ya ha sido casi diezmada por las operaciones de la mina Serra Pelada, y los Waimiri Atroari, en el estado de Amazonas. Además de la invasión de tierras, las actividades mineras han destruido lugares considerados sagrados en estas regiones, afectando a sus cosmologías y ritos, denuncian los grupos indígenas.
El año pasado, la empresa minera Taboca, perteneciente al grupo peruano Minsur, vertió accidentalmente relaves en los ríos del territorio Waimiri Atroari. La mina de Pitinga, cerca de la tierra indígena, produce estaño, un mineral que se envía desde Brasil a países como Estados Unidos, Alemania y Holanda. Aunque China es el mayor consumidor del mineral, no figura en la lista de importadores del producto brasileño, según datos de comercio exterior analizados por Diálogo Chino.
La financiación de las grandes mineras
El informe, que va por su cuarta edición, también analizó la financiación de nueve gigantes mineros con fuertes operaciones en Brasil: la británica AngloAmerican, las canadienses Belo Sun y Potássio do Brasil, las mineras Taboca y Mamoré, del grupo peruano Minsur, la anglosuiza Glencore, la sudafricana AngloGold Ashanti, la angloaustraliana Rio Tinto y la brasileña Vale.
Además de las operaciones ya reguladas en el país, tienen 225 solicitudes de minería activas en territorios indígenas. Aunque Vale y AngloAmerican anunciaron el año pasado la cancelación de sus solicitudes, el informe muestra que en octubre de 2021 se hicieron nuevas peticiones.
También hubo grandes contribuciones de grupos privados de Francia, Alemania, Japón, Canadá y Sudáfrica. A pesar de que la demanda china de mineral de hierro se menciona como uno de los factores que impulsan la minería en 2021, ninguna institución china figura entre los mayores prestamistas del sector, aunque la brasileña Potashio haya firmado un polémico contrato con la china CITIC para financiar el “Cinturón de la Soja” en la Amazonia.
Territorios en la mira del oro ilegal
Además del interés por los minerales para uso industrial, las tierras indígenas son el objetivo de la explotación de oro. En 2020, Brasil exportó 110 toneladas de oro a países como Canadá, Suiza, Polonia y Reino Unido, y casi el 20% de ese oro era ilegal, según un estudio del Instituto Escolhas.
Las empresas canadienses son las que más participan en proyectos mineros en la Amazonia. Para Rosana Miranda, de Amazon Watch, la actuación de las empresas canadienses en Brasil es un espejo de la financiarización de la minería, en la que el sector ya no responde a las demandas reales, sino al mercado financiero.
“Se trata de empresas que especulan con la posibilidad de explorar el oro en el Sur Global”, explica Miranda. “Esto es bastante característico en Canadá, donde se permite la minería en tierras indígenas y se considera un ejemplo para Brasil, a pesar de tener millones de problemas”.
Según el informe, la deforestación vinculada a la minería en la Amazonía ya ha crecido un 62% en 2021 en comparación con 2018, antes de que Bolsonaro asumiera la presidencia. De las 225 solicitudes de minería de las nueve empresas mineras analizadas, 143 están en territorios de Pará, el estado líder en deforestación del bioma, según Imazon. Ese número se duplicó en sólo seis meses: en julio de 2021 había 67 solicitudes activas.
