Perú no ratifica Escazú y deja sin protección a los defensores ambientales

Aún falta articulación entre poderes para prevenir y sancionar la muerte de defensores ambientales en Perú, mientras continúan los debates sobre el Acuerdo de Escazú

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Demetrio Pacheco camina por su concesión forestal en Madre de Dios, Perú, donde su hijo fue asesinado tras  casi una década de amenazas. El Acuerdo de Escazú podría aumentar la protección de los defensores medioambientales en Perú, pero el gobierno nacional aún no lo ha ratificado. (Imagen: Jack Lo)

La defensa de los bosques en Perú se ha convertido en una labor de alto riesgo y los escasos intentos de los gobernantes por cambiar esta situación no dan resultados.

“¿Tú crees que el papel va a resistir una bala? Las autoridades pueden dar la garantía para las vidas, pero de qué sirve si todo se queda en el papel. Los asesinatos siguen impunes. Y todos estamos sometidos a las amenazas”, declara Víctor Zambrano, reconocido líder ambiental y Presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, en la selva sur peruana. 

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El número de defensores medioambientales asesinados en Perú desde el inicio de la pandemia de Covid-19

Zambrano lamenta con rabia el último asesinato cometido en Madre de Dios. El pasado 20 de marzo, Juan Julio Fernández Hanco recibió dos disparos mientras se encontraba en su vivienda, cerca a la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Víctor recuerda que Juan y su familia recibían amenazas desde el 2011 por oponerse a la deforestación resultado de la minería ilegal. Con su muerte se elevó a 17 el número de defensores medioambientales asesinados desde el inicio de la pandemia de Covid-19, todos ellos asesinados por resguardar sus territorios del avance de actividades como el narcotráfico, la tala y la minería ilegal. 

Pese a estas pérdidas, las medidas del gobierno no se han caracterizado por una articulación de los distintos poderes. 

Defensores aún indefensos

“Todavía no hay culpables para ninguno de los 17 casos de defensores asesinados durante la pandemia. En el país no existen las condiciones para garantizar los derechos de los defensores”, explica Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). 

Según el informe Last line of defence de Global Witness, hasta la fecha, 2020 es el peor año registrado para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente (en todo el planeta), con un récord de 227 ataques letales reportados. América Latina siguió siendo la región más peligrosa, y Perú también es parte de esta realidad: seis defensores asesinados y decenas de comunidades afectadas. 

En 2021 se creó el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, que vincula a ocho ministerios y es encabezada por el Ministerio de Justicia, pero no tiene la injerencia para articular a otros poderes del Estado ni a los gobiernos regionales.

Se pueden desplegar múltiples esfuerzos para la protección de los defensores de derechos humanos, pero poco o nada servirán si el Estado peruano no articula la erradicación de las actividades ilegales

“El mecanismo tiene como finalidad eliminar el riesgo, pero la gran tarea pendiente es entender qué está sucediendo detrás para generar cambios más estructurales de políticas públicas”, dice Katherine Sánchez. 

Como parte del cumplimiento de este mecanismo, también se aprobó el registro sobre situaciones de riesgo de defensores que busca identificar las áreas más riesgosas y los tipos de ataques a los defensores. Los datos que aportarían a la prevención y protección, sin embargo, no han sido públicos hasta la fecha.

Tampoco está claro el impacto potencial de otras acciones gubernamentales. Este enero se promulgó la Ley 31388, que amplía el plazo para que los pequeños mineros soliciten la formalización de sus operaciones hasta 2024. Fue aprobada por el Congreso y el presidente Pedro Castillo, y puede debilitar la lucha contra la minería ilegal, señalan organizaciones ecologistas y civiles.

La formalización permitiría regular esta actividad y así terminar con la informalidad que atrae mafias que terminan apoderándose de los bosques. Pero para darse, tiene que haber voluntad política.

“Se pueden desplegar múltiples esfuerzos para la protección de los defensores de derechos humanos, pero poco o nada servirán si el Estado peruano no articula la erradicación de las actividades ilegales”, señala Lissette Vásquez, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. 

¿Indiferencia o falta de celeridad?

La ampliación del plazo de formalización minera desató una serie de preocupaciones por la dificultad para fiscalizar adecuadamente las actividades vinculadas y perseguir los delitos. 

La Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (Arpi-SC) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) se pronunciaron contra “la ola de violencia que viven las comunidades indígenas causada por el avance de las actividades ilegales, potenciado por los proyectos de infraestructura sin sustento y la corrupción estatal”. 

El defensor ambiental Demetrio Pachecho coincide al respecto. Considera que el asesinato de su hijo, también defensor, durante la pandemia es culpa del gobierno por no actuar pese a las denuncias que presentaron desde el 2012.

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Demetrio Pacheco trabaja en la concesión forestal que su familia gestiona desde hace más de tres décadas. Incluso antes del asesinato de su hijo, lamentaba la lentitud de la acción para proteger a los defensores ambientales. (Imagen: Jack Lo)

Roberto Carlos Pacheco fue asesinado mientras recorría la concesión de 842 hectáreas del bosque en Madre de Dios para aprovechamiento sostenible que administra la familia desde hace más de tres décadas. “Sabemos quiénes son, tenemos pruebas en las que se identificaron, pero solo estuvieron detenidos unos días. Avanzan con todo a punto de amenazas. Nos identifican como los denunciantes y lo que hacen es denunciarnos como si fuéramos los criminales”, cuenta Demetrio, quien además es teniente gobernador de la Asociación de Productores Agropecuarios San Juan y vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata. 

Recién tras la muerte de Roberto, el Ministerio Público le dio la seguridad que solicitaba frente a las amenazas contínuas. Sin embargo, el resguardo policial duró solo unas semanas. La situación se repite ante la falta de políticas claras. 

Ahora, año y medio después de la muerte de Roberto Carlos, el Ministerio Público aprobó un protocolo interno para la prevención de delitos en agravio de personas defensoras de derechos humanos. “[Este protocolo] recoge obligaciones específicas para los fiscales que van a atender casos donde se sospeche que la persona era una defensora o defensor fue atacado como consecuencia de esa actividad. (...) Esto habla también de otro elemento que no existe en otro instrumento nacional: la reparación en agravio por la defensa de derechos”, añade la abogada Katherine Sánchez. 

Pero para Demetrio ya es tarde. Se siente solo en su lucha por encontrar justicia para su hijo. Mientras tanto, las denuncias de los defensores continúan sin resolverse, las muertes aumentando y las iniciativas del gobierno continúan siendo poco efectivas. 

¿Y Escazú?

El Acuerdo de Escazú, ratificado por 12 países latinoamericanos, ha sido aclamado como un instrumento histórico para la protección de los defensores del medio ambiente en la región. Pese a las opiniones favorables de diversos sectores como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y diez ministerios, el expediente del Acuerdo de Escazú no llegó siquiera a su discusión en el pleno del Congreso en octubre de 2020. La propuesta fue archivada en la Comisión de Relaciones Exteriores y el informe que resumía los debates técnicos que lo aprobaban pasó al olvido. 

Lee más: El histórico Acuerdo de Escazú entra oficialmente en vigor

Frente a una segunda posibilidad de debate a pedido del parlamentario y ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, tras el derrame de más de 10 mil barriles de petróleo por parte de Repsol, el Congreso rechazó una vez más la inclusión del tema en su agenda.

Hoy el grupo parlamentario que debería debatir el tema se encuentra presidido por el congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamante, quien se opuso al acuerdo por considerar que atenta contra la “soberanía nacional”. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Acuerdo de Escazú es el primero de su tipo en el mundo que incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de quienes promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. El Perú firmó este compromiso hace tres años en 2018, pero el Congreso no lo ha ratificado. 

Katherine Sánchez remarcó la urgencia de ratificar el acuerdo. “Tendremos un tratado de derechos humanos con el rango constitucional que orientaría a todos los niveles del gobierno y a todos los poderes del Estado. Podría fortalecerse lo ya avanzado, tendríamos obligaciones de protección claras, más orden entre los sectores y el Ejecutivo”, señaló.

En medio de un gobierno que sobrevive entre el ataque de la oposición y los escándalos, todavía queda una oportunidad para el debate. El compromiso ofrecido por el presidente Castillo en su primer mensaje a la Nación para cumplir con las responsabilidades en la Amazonía aún está pendiente. “Ha habido varios meses de silencio, no se ha puesto el tema en agenda. Se ha vuelto a presentar en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, pero no ha sido materia de discusión”, añade Lissette Vásquez. 

Al iniciarse la primera conferencia de los doce países firmantes del Acuerdo de Escazú en Chile, Demetrio Pacheco asistirá a otra reunión que ha esperado buscando justicia y consuelo: la audiencia por el juicio del asesinato de su hijo. Un poco de esperanza frente a las amenazas que no cesan.