Falla en la prevención provocó tragedia ambiental en Brasil

La tragedia ocurrida en Mariana, localidad de la región sudeste de Brasil, en noviembre de 2015, luego del rompimiento de la represa de residuos de la minera Samarco, evidenció el “desequilibrio que existe en las prioridades económicas”. Los aspectos humanos y ambientales han quedado en segundo plano, además de haber dejado en claro el fracaso de la protección de los derechos humanos asociados a desastres. Éstas son las conclusiones a las que arribaron peritos miembros del Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. “Observamos en la práctica el desequilibrio que existe entre las prioridades económicas y el enfoque preventivo del punto de vista social y ambiental. Es evidente que hubo una falla en la prevención. Un desastre de esta naturaleza no se le puede atribuir a la mala suerte”, afirmó Dante Pesce, jefe del grupo de peritos de la ONU, en una entrevista exclusiva a Diálogo Chino. Durante el pasado 16 de junio, el grupo de trabajo de la ONU, cuya función es monitorear la actuación de las empresas de todo el mundo tomando en cuenta la protección de los derechos humanos, presentó su informe en la 32da sesión del Consejo de Derechos Humanos, realizada en Ginebra. Este consejo se reúne para evaluar y discutir los asuntos más urgentes a nivel mundial en tres reuniones anuales, cada una de las cuales tiene una duración de tres semanas. El grupo, compuesto por cinco especialistas, es liderado por el chileno Dante Pesce, director del Centro de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible “Vincular”, organismo dependiente de la Universidad Católica de Valparaíso, visitó Brasil en diciembre de 2015.  Fue la primera vez que el grupo de trabajo, establecido por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2011, estuvo en misión en un país latinoamericano. Pesce, quien junto con su colega ruso Pavel Sulyandziga visitaron el estado de Minas Gerais luego del desastre ocurrido en Mariana, se reunieron con autoridades, empresarios de la empresa Samarco, representantes de la sociedad civil y grupos de víctimas además de los fiscales federales involucrados en los esfuerzos de compensación para  las víctimas. Estaba previsto que los especialistas visitaran las ciudades de Brasilia, San Pablo, Río de Janeiro, Altamira y Belén, pero, debido a la tragedia ocurrida en Mariana un mes antes de la visita, Pesce logró incluir la ciudad en su itinerario. “Subestimaron los riesgos” “La preparación de nuestra visita comenzó ocho meses antes del viaje, lo que sucedió en Mariana fue una coincidencia. Dadas las circunstancias,  logramos incorporarla a último momento. La prevención de riesgos tuvo errores de dirección, subestimaron que los riesgos asociados (a la rotura de la represa) podían generar una situación como ésta. Los ejecutivos de la empresa nos dijeron que nunca esperaron que algo así pudiera ocurrir. Inicialmente, la capacidad de respuesta de la empresa fue extraordinariamente lenta. Aparentemente no había protocolos para enfrentar una situación de esta magnitud, ni siquiera había sido contemplado por la empresa en su mapa de riesgos “, resumió Pesce. El rompimiento de la represa de residuos de minería que afectó a los estados de Minas Gerais y Espírito Santo dio como resultado que fueran arrojados casi 60 millones de metros cúbicos de residuos de minería al Río Doce. Dicho desastre, que se transformó en el peor que se haya registrado en la historia de Brasil, generó una avalancha de lodo que mató a 19 personas e inundó poblaciones enteras, destruyendo por completo los pueblos de Bento Rodrigues y Paracatu. El lodo viajó más de 600 km a lo largo del Río Doce hasta alcanzar el litoral, matando peces, fauna y flora y causando una profunda crisis social. Además, la tragedia afectó la subsistencia y el acceso al agua potable de un gran número de personas, entre los cuales se encuentran miles de pescadores cuyo sustento dependía directamente del río. La represa de residuos contenía desechos de mineral de hierro y su operación dependía de la minera Samarco, empresa controlada por las empresa brasileña Vale, y por  la anglo-australiana, BHP Billiton,  cada una de las cuales posee el 50% del paquete accionario.  Los chinos constituyen uno de los grandes inversores de Vale, una de las mineras más importantes del mundo. China es el principal comprador de mineral de hierro de la compañía  y, además, les provee buques para realizar el transporte del producto. En el mes de diciembre,  a través de un adelanto del informe, el grupo de trabajo ya había alertado sobre la posibilidad de que otros derrames y trágicos  accidentes pudieran ocurrir. El estado de Minas Gerais alberga 753 represas de residuos y 40 de ellas se consideran inseguras. Según Pesce, un accidente, tanto por error humano como por cambios climáticos, representa no sólo un riesgo real sino que además es bastante alto. “Nuestra pregunta es si algo parecido puede volver a ocurrir. Nos informaron que existen cientos de represas con residuos. La de Samarco no estaba entre las que se consideraban de riesgo, en la lista de las autoridades existen más de 30 que se encontrarían dentro del grupo con alto peligro de colapso. Si esto ocurrió con la empresa Samarco, donde las medidas de prevención fallaron, tomándolos totalmente por sorpresa, y la reacción fue tardía, es posible que algo así vuelva a repetirse”, alertó. “Si Samarco fracasó, ¿qué se puede esperar de empresas de residuos de minería menos sofisticadas, calificadas como de riesgo?”, cuestionó Pesce, licenciado en ciencias políticas y asesor especialista en políticas públicas para América Latina del Pacto Global de la ONU. La gran alerta del informe presentado en Ginebra se refiere al alto riesgo que existe de que nuevos desastres similares puedan suceder  en un período de tiempo no tan largo. Pesce admitió que el informe fue recibido con críticas y resistencias por parte del gobierno brasileño en Ginebra. Reforzar la prevención Entre las recomendaciones emitidas por el grupo de peritos se encuentra la de reforzar la prevención de accidentes y la concesión de más poderes de fiscalización a las autoridades. En Minas Gerais, son solamente cuatro funcionarios públicos los que se encargan de supervisar las represas de residuos de minería, una cantidad mucho menor que la necesaria.  “Las autoridades dependen de la buena fe de las empresas”. Según la evaluación de Pesce, el gran mensaje que le queda al gobierno brasileño y a las empresas es que deben aprender la lección a partir del desastre de Samarco, garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y tomar medidas correctivas para que esto no vuelva a ocurrir. “Hemos observado que existe un desequilibrio en las prioridades, que el énfasis en la generación de empleo y en la atracción de inversiones concentra la mayor parte de los esfuerzos. Mientras que el enfoque preventivo en relación al medio ambiente y a los derechos humanos se encuentra en un nivel de importancia menor”, advirtió. “En Brasil, el nivel de concientización es bajo en relación al papel de las empresas en la protección de los derechos humanos y en la preocupación ambiental. La crisis económica de Brasil no favorece al equilibrio entre la necesidad de crecimiento  y las preocupaciones socio-ambientales”, alertó el perito de la ONU. “Existen intereses que chocan entre sí debido a la urgencia por generar empleo, atraer inversiones y aumentar la recaudación de impuestos”. El 17 de junio, el Ministerio del Medio Ambiente informó que había multado a Samarco por un valor de US$ 42 millones en razón de los daños causados por la avalancha de lodo que alcanzó tres unidades de conservación en Espírito Santo. La empresa fue procesada por agentes de fiscalización del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) por causar impactos al Área de Protección Ambiental (APA) Costa das Algas, al Refugio de Vida Silvestre (RVS) de Santa Cruz y a la zona de amortiguación de la Reserva Biológica (Rebio) de Comboios. Las tres unidades de conservación federales son administradas por el ICMBio y están localizadas en el estado de Espírito Santo. Cargados a lo largo de la extensión del Río Doce, los residuos llegaron al litoral de Espírito Santo el 21 de noviembre, formando una pluma que alcanzó áreas protegidas. “Se verificó que la concentración de metales tales como arsénico, plomo, cadmio y cobre en la zona de amortiguación de la Reserva Biológica de Comboios y   los  de arsénico y plomo en el Área de Protección Ambiental de Costa das Algas y en el Refugio de Vida Silvestre de Santa Cruz, se presentaban en niveles mayores a los valores máximos determinados por la Resolución CONAMA nº 357/2005”, informó en una nota Lígia Coser, jefa del RVS de Santa Cruz.