Plan agroindustrial de Argentina pone en duda metas climáticas

El proyecto, creado a partir de un acuerdo entre el gobierno y las cámaras del sector, es cuestionado por el impacto que tendría en el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones

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plan agroindustrial argentina

Tren de carga con granos en silos agrícolas a lo largo de la Ruta Nacional 16, en la provincia de Chaco, Argentina. Imagen: Arterra Picture Library / Alamy

Argentina quiere aumentar significativamente la producción y las exportaciones de productos agropecuarios en la próxima década gracias a un nuevo plan de incentivos al sector agroindustrial.

El 11 de noviembre, el Poder Ejecutivo nacional presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de "Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador", que prevé un conjunto de beneficios para inversiones agropecuarias, agroindustriales y forestales en ese país para los próximos 10 años.

El plan, que será debatido en el Congreso, fue creado a partir de un acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y los principales referentes de la agroindustria. Estimaciones del sector sostienen que con estas medidas de fomento se logrará un incremento de las exportaciones de US$7 mil millones y se crearán 150 mil puestos de trabajo en todo el país. Sin embargo, sectores ambientalistas expresaron su preocupación por el impacto que tendría en el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de Argentina

Un nuevo plan

Para alcanzar esos objetivos, el plan propone un conjunto de beneficios, entre los que se destacan: amortización acelerada de las inversiones agropecuarias que permite mayores deducciones impositivas los primeros años, recupero anticipado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y pagos diferidos del Impuesto a las Ganancias para la cría de ganado.

Según el sector, estos incentivos y beneficios promoverán la inversión en mejores semillas, fertilizantes, maquinarias y tecnologías, que luego permitirán aumentar la producción agrícola y ganadera, sostienen desde el sector.

El proyecto es fruto de un acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y el Consejo Agroindustrial Argentino, una coalición de más de 60 instituciones ligadas al campo, que se propone “consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio”, según su propia definición.

150.000

puestos de trabajo se crearán en todo el país con el nuevo plan, según estimaciones del sector

La iniciativa cuenta también con el apoyo de los principales partidos de la oposición y, de aprobarse, se espera que le dé un marco de estabilidad al sector y beneficie a pequeñas, medianas y grandes empresas y a productores de todo el país ligados a la agroindustria, responsable de   que ingresan al país por exportaciones.

La agricultura representa dos tercios de la producción agropecuaria, con alrededor de 100 millones de toneladas anuales destinadas al comercio exterior (principalmente, soja, maíz, trigo y girasol) y la ganadería de carne y leche representa el tercio restante. La participación del sector en el total de exportaciones alcanzó el 67% y significó un ingreso total de cerca de 24 mil millones de dólares en los primeros seis meses de 2021.

Las repercusiones en el sector agroindustrial

“Creemos que este régimen de fomento va a permitir la compra de más maquinarias y equipos, más fertilizantes y más semillas con mejor genética, y todo eso va a derivar en una mayor producción con menor carga impositiva”, indicó Julio Calzada, director de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por su parte, Elbio Laucirica, presidente interino de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), una organización que agrupa al sector agrario cooperativo, consideró que la ley -de aprobarse- “va a posicionar a la Argentina en condiciones mucho más ventajosas y en un lugar de privilegio en el mundo, no sólo en la generación de divisas, sino también en la generación de empleo en todo el país, con un buen impacto en las economías regionales”.

Mientras que Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), expresó que la iniciativa “no resuelve todos los problemas de la agroindustria, pero la mirada sobre el proyecto es positiva, ya que fomenta la inversión productiva agroindustrial con distintos incentivos”.

El objetivo inicial desde el Consejo Agroindustrial Argentino era mucho más ambicioso de lo que presentó el Gobierno, sostuvo Paseyro, pero “hubo que buscar puntos de acuerdo”. Dos de los temas que quedaron afuera fueron la rebaja o quita de los derechos de exportación (retenciones) y una mejora en el tipo de cambio,

Paseyro espera que la propuesta se trate en el Congreso “lo antes posible” y confía en que el proyecto podrá mejorarse en el debate parlamentario, “sin que eso signifique modificar lo acordado con el Gobierno”.

¿Agricultura sustentable?

A pesar de que el plan se denomina “sustentable”, desde algunos sectores cuestionan ese carácter en el contexto de crisis climática, teniendo en cuenta que la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra representan en conjunto el 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según el último inventario oficial.

En su Contribución Determinada a Nivel Nacional (conocida como NDC por su sigla en inglés), la Argentina se comprometió a no exceder emisiones netas de 349 megatoneladas de dióxido de carbono para el año 2030, lo que representa un recorte total del 19% de las emisiones con respecto al pico histórico alcanzado en 2007.

Argentina se comprometió también a alcanzar una economía neutra en emisiones en 2050. De hecho, estaba previsto que el gobierno presentara el plan para alcanzar esa meta en la COP26 pero no lo hizo, luego de una oposición del sector agroindustrial a metas más ambiciosas los días previos al comienzo de la cumbre.

El aumento previsto de la producción, "va en franca oposición con la meta de carbono neutralidad a 2050" de la Argentina, puntualizó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un comunicado.

Al respecto, María Marta Di Paola, directora de Investigación de FARN, señaló que la propuesta del gobierno “representa una profundización del modelo agroindustrial y de sus impactos ambientales”.

“En este contexto, la agroindustria es víctima, porque sufre los embates de las sequías e inundaciones y es victimario, porque es el segundo sector en la matriz nacional de emisiones de gases de efecto invernadero”, fundamentó.

Para Di Paola, “hay que revisar este modelo como lo conocemos, con el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos, que secuestran carbono, y con el avance sobre los humedales”.

Los bosques, así como los humedales, son importantes reservorios de dióxido de carbono, uno de los principales gases que causan el calentamiento global. A nivel mundial, se estima que cerca del 20% de las emisiones globales se originan en el desmonte. Entre 1998 y 2018 se deforestaron 5,8 millones de hectáreas en Argentina.

“Además, hay que revisar los impactos socioambientales que tiene el uso de agroquímicos sobre la salud humana, sobre los cursos de agua y sobre la calidad del suelo”, agregó. En Argentina se utilizan alrededor de 500 millones de litros de pesticidas y herbicidas por año, de acuerdo a estimaciones de la ONG Naturaleza de Derechos.

Para FARN, el proyecto de ley debe ser sometido a un proceso de participación ciudadana en el que los distintos actores puedan expresar su preocupación en torno a sus implicancias ambientales.

“Creemos clave el fomento de la agroecología, que puede mitigar los impactos ambientales que tiene el modelo agroindustrial”, finalizó Di Paola.

Hay que revisar este modelo como lo conocemos, con el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos y sobre los humedales

La agroecología promueve la producción agrícola conservando los recursos naturales elementales de la producción de alimentos tales como el suelo, agua y biodiversidad. En Argentina, diversas organizaciones la impulsan, como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que nuclea unas 22 mil familias productoras de alimentos en 18 provincia

Para Agustín Suárez, vocero de UTT, el nuevo plan agroindustrial del gobierno “sigue profundizando el modelo agroexportador y el lobby de las empresas monopólicas”. Suárez también propuso una expansión de la agroecología y pidió por un nuevo marco de ordenamiento territorial del sector agropecuario.

“Es un fomento del campo concentrado, con mayor uso de semillas transgénicas y agroquímicos y ampliar la frontera agropecuaria a costa de bosques y comunidades enteras, como lo vienen haciendo hace ya cuatro décadas. Todo es pérdida para el pueblo argentino”, razonó.

La mirada de la agroindustria

Elbio Laucirica, de CONINAGRO, manifestó que para aumentar la producción agroindustrial no necesariamente hay que aumentar la superficie de explotación, sino “invertir en tecnología”, y que la iniciativa oficial facilita esa inversión.

Asimismo, explicó el significado del concepto de “sustentable” en la propuesta, con variables sociales, económicas y ambientales

“Lo social implica promover el arraigo a la tierra y dar los servicios que necesita el productor en las áreas rurales. Lo económico tiene que ver con la generación de renta para producir inversiones. Y desde el punto de vista ambiental, Argentina está a la vanguardia con la siembra directa, economizando agua, uso de combustibles fósiles y emisiones de carbono,” sostuvo.

Desde el punto de vista ambiental, Argentina está a la vanguardia con la siembra directa, economizando agua, uso de combustibles fósiles y emisiones de carbono

En tanto, Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario, destacó que el sector agroindustrial participa activamente en la reducción y mitigación de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Calzada destacó dos programas a tal fin. El Programa Argentino de Carbono Neutralidad que calcula la huella de carbono de cada sector y certifica el balance de carbono de productos de exportación, y el programa de la Plataforma Visión Sectorial del Gran Chaco (VISEC), que tiene por objetivo disminuir la deforestación en el Gran Chaco con certificaciones de productos “libres de deforestación” para los mercados internacionales.

Alfredo Paseyro, de la Asociación Semilleros Argentinos, aseguró que el sector tiene “un compromiso con la sustentabilidad, con buenas prácticas y cumpliendo los estándares internacionales y lo que demandan los compradores, que ponen sus condiciones y propios estándares ambientales”.

“En el campo siempre decimos que tenemos en préstamo la tierra que le tenemos que dejar a nuestros hijos y eso es una responsabilidad que va más allá de cualquier manual de buenas prácticas ambientales”, concluyó Paseyro.

Para Laucirica, el sector tiene un gran desafío por delante. “Tenemos que concientizar al productor, capacitar en tecnologías al productor y a su personal y controlar. Necesitamos que desde el Estado se hagan los controles necesarios y que nos puedan certificar para que la sociedad se convenza de que estamos haciendo bien las cosas”, sintetizó.