En febrero de 2019 un grupo de pobladores de los municipios de Cuncunul y Valladolid, a unos 1.500 kilómetros al sur de Ciudad de México, demandó el proyecto “Parque Yucatán Solar”, a cargo de la empresa china Jinkosolar Investment Pte. Ltd. por violación del derecho de la comunidad indígena a la consulta previa.
Un juez resolvió a favor de los demandantes ya que los pueblos originarios de la zona no fueron consultados antes del inicio de la granja fotovoltaica ni contaron con información completa. Pero la empresa no desiste en su intento por desarrollar el parque.
“Como en otras partes del país, este tipo de proyectos son una imposición del gobierno, en colaboración con las empresas nacionales y extranjeras”, dijo Candelaria May, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, a Diálogo Chino.
“Vemos con preocupación una afectación al ambiente, a la gente que vivimos acá, cambios drásticos en la economía local, pues sube el precio de las mercancías y la tierra”, agregó.
Jinkosolar Investment Pte. Ltd., que pertenece a la fabricante china de celdas fotovoltaicas JinkoSolar Holding Company, Ltd. ganó tres contratos por 180 megavatios para proveer de energía solar a la empresa estatal Comisión Federal de Elecricidad (CFE) en Yucatán y el estado de Jalisco, en una subasta eléctrica organizada en 2016 por el estatal Centro Nacional de Control de la Energía, el responsable de manejar el sistema eléctrico mexicano.
La granja fotovoltaica contará son 313.140 módulos de 335 vatios sobre una extensión de unas 250 hectáreas.
En noviembre de 2016, la corporación solicitó la realización de una consulta pública entre la población indígena y no indígena a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) del Gobierno nacional y en la cual todos los interesados pueden expresar sus posturas ante la obra, sin embargo, no realizó una consulta abierta especialmente a los pueblos indígenas.
250
El tamaño en hectáreas de la controvertida planta solar de Yucatán
Además el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por JinkoSolar en octubre de 2016 indica que tiene 98 impactos, de los cuales 15 son considerados benéficos y 83 adversos. El principal efecto negativo será la tala de 206 hectáreas de bosque que provocará la disminución de la cobertura vegetal y de hábitat de fauna silvestre según el análisis ambiental.
Ese corte afectaría al spalmito (Astronium graveolens) y jobillo (Zamia loddigessi), catalogadas bajo amenaza de extinción por Semarnat, y vainilla (Vanilla planifolia) y cedro americano (Cedrela odorata), consideradas bajo protección especial.
Además, el desmonte disminuirá el hábitat, la distribución y abundancia de al menos 123 especies de vertebrados, 78 de aves, 24 de mamíferos, 17 de reptiles y cuatro de anfibios –estos dos últimos, los más perjudicados. Entre esos grupos figuran 26 que gozan de estatus de conservación y de las cuales 20 se encuentran bajo protección especial, cinco amenazadas y dos en riesgo de extinción: el ocelote (Leopardus pardalis) y oso hormiguero (Tamandua mexicana).
Para moderar los efectos ecológicos negativos, la empresa propuso un programa de rescate de flora y fauna para las variedades protegidas y el mantenimiento de 45 hectáreas en áreas de conservación.
En abril de 2017, Semarnat autorizó el campo solar, bajo la condición de presentar el estudio de impacto social y aplicar medidas de control y mitigación y un estudio de aves y murciélagos y de especies en riesgo de la región.
“Parque Yucatán Solar” debía operar desde septiembre de 2018, por 30 años, mediante un acuerdo de venta de energía por 15 años con CFE.
Como prácticamente todo el país, la zona posee un alto potencial de energía solar, al presentar un área de radiación promedio diario de 56,49 kWh por metro cuadrado. Ese ha sido el argumento principal de los defensores de la energía renovable.
Modelo cuestionado
Las poblaciones mayas denuncian el impacto ambiental de las obras y la ausencia de consultas previas a su inicio y con información completa sobre el parque, estipuladas en el tratado global más importante sobre derechos laborales, territoriales y sociales de los grupos aborígenes: el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, agencia de Naciones Unidas.
Esta ha sido la base legal para detener algunos emprendimientos.
El académico y consultor independiente Emilio de los Ríos además reprocha la falta de consultas genuinas y la especulación en la compra-venta de terrenos para la construcción de los proyectos y el acaparamiento de tierra.
35%
la participación que las energías renovables deben representar en el mix energético de México para 2024
“Ha habido procesos de consulta anómalos, con reuniones de información sobre los proyectos irregulares y manipuladas. Hay imposición sobre la opinión de la gente y el uso de la tierra y se genera un conflicto. Se favorece un modelo en contra de la gente”, denuncia para Diálogo Chino.
May, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y de los Ríos enfatizan en que el rechazo al proyecto solar no se centra en un rechazo generalizado a las alternativas energéticas, sino al modelo prevaleciente que no considera otros aspectos socioambientales.
“La energía renovable es alternativa, pero no bajo el modelo que quieren hacer. Si efectivamente tuvieran preocupación por la gente, un gobierno responsable favorecería procesos de organización de las comunidades para que desarrollen cooperativas que produzcan y vendan su propia energía”, asegura May.
De los Ríos sugiere una transición energética acorde con las necesidades de la población, “un arreglo donde la gente tiene poder de decisión y se logra un consenso, sopesando problemas con beneficios. Se pueden crear cooperativas, por ejemplo”, plantea.
Para México, generar energía alternativa no es solo importante para el medio ambiente, es un mandato legal. La Ley de Transición Energética de 2015 estipula que la energía limpia debe representar 25 por ciento de la generación para 2018, 30 por ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024.
Si bien el país logró la primera meta, el avance de las renovables se detendrá, según la previsión de asociaciones de productores energéticos y organizaciones internacionales. El presidente López Obrador además, ha demostrado más apoyo por las energías fósiles que por las alternativas.
La energía renovable es alternativa, pero no bajo el modelo que quieren hacer
Las comunidades podrían generar sus propios proyectos de energía renovable pero se encuentran con varios obstáculos: esto requiere capital y recursos técnicos.
Otros proyectos de energía renovable parados
La población local ha logrado detener otros emprendimientos energéticos de capital chino, como la hidroeléctrica Chicoasén II, situada en el sureño estado de Chiapas, de 240 Mw. de capacidad instalada y parada desde 2015 por una resolución judicial. En ese año, CFE adjudicó el embalse a tres empresas mexicanas y a la filial costarricense de la china Sinohydro.
Los opositores rechazaron la presa por el riesgo de inundación de sus tierras, la pérdida de áreas de pesca y el bajo precio ofrecido por las compañías por sus terrenos
Los descontentos también han logrado detener al menos cuatro proyectos solares y dos eólicos en Yucatán debido a la falta de consultas entre la población indígena y los impactos ambientales.
En noviembre del año pasado, Semarnat finalmente negó el aval a la granja solar “Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán”, de 150 Mw de capacidad, por el riesgo de deforestación de 310 hectáreas de selva y amenaza para siete especies en extinción.
Si bien los opositores gozan del fallo judicial favorable, la empresa busca mantener vivo el proyecto, como un emprendimiento privado que no dependa de un contrato con CFE.
