Esta semana comenzó a funcionar un barco que servirá de centro de salud móvil para los indígenas de algunas de las comunidades más remotas de la Amazonía brasileña, según informó el Ministerio de Salud de Brasil a Diálogo Chino. El proyecto fue creado por el experto en temas indígenas Bruno Pereira, pero sólo ahora se ha vuelto realidad, a un año de su brutal asesinato durante un viaje de investigación en la selva tropical junto con el periodista británico Dom Phillips.
El nuevo barco sanitario atenderá a grupos de todo el Valle del Javarí, un territorio de 8,5 millones de hectáreas situado en el extremo occidental del estado de Amazonas, cerca de la frontera con Perú, y donde Pereira y Phillips trabajaban cuando fueron asesinados.
Este tramo casi intacto de la selva amazónica alberga a la mayor concentración mundial de grupos indígenas aislados, así como a varios pueblos recientemente contactados. Estas comunidades corren el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y tienen algunas de las peores cifras sanitarias del país, lo que impulsó a Pereira a empezar a trabajar en el proyecto del barco durante la pandemia de Covid-19, que amenazó a poblaciones indígenas enteras.
“Bruno quería proteger a los Korubo, un pueblo indígena recién contactado, para evitar que tuvieran que desplazarse largas distancias para pedir ayuda”, declaró Eliésio Marubo, activista y abogado de la organización indígena Univaja, del Valle del Javarí, con la que trabajaba Pereira.
Los funcionarios del gobierno establecieron el primer contacto con los Korubo en 1996, y en la actualidad se calcula que el grupo indígena cuenta con menos de 130 personas. Tras este contacto, parte del grupo permaneció aislado, mientras que otros han mantenido una interacción poco frecuente con personas externas a su comunidad. En el reciente documental Vale dos Isolados (Valle de los aislados en español), el líder indígena Malevo Korubo explicó que tenían “miedo del hombre blanco” debido a las matanzas y enfermedades que azotaron a su pueblo en el pasado.
Ahora, los Korubo vuelven a estar amenazados por las crecientes invasiones de su territorio por parte de mineros ilegales, pescadores y narcotraficantes, en medio de los recortes presupuestarios en la aplicación de la legislación medioambiental promulgados por el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022). Los asesinatos de Pereira y Phillips han sido vinculados a mafias locales, según la policía brasileña. Tres personas están siendo juzgadas por el crimen mientras permanecen en prisión.
Además de la escalada de violencia, la falta de presencia del Estado en el Valle del Javarí se tradujo en una asistencia sanitaria aún más deficiente en una región con escaso progreso social. “Tenemos problemas sanitarios muy graves”, afirma Marubo. “Algunas enfermedades están empeorando”.
Los datos facilitados por el Ministerio de Salud de Brasil no sólo muestran la propagación de enfermedades infecciosas en la región, sino que también apuntan a unas perspectivas de futuro terribles: la mortalidad infantil indígena en el Valle del Javarí alcanzó las 50 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2022, cuatro veces más que la media nacional.
Estas cifras proceden del distrito sanitario del Valle del Javarí, que se encarga de supervisar a más de 6.000 indígenas de la ciudad de Atalaia do Norte y aldeas del territorio indígena. Según el Ministerio de Salud, los niños son los más vulnerables a las enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan a la mayoría de las zonas indígenas de Brasil.
“La salud indígena tiene varias lagunas, varios retos que superar”, declaró Ricardo Weibe Tapeba, Secretario de Salud Indígena de Brasil, nombrado en enero por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. “Ahora estamos realizando un estudio de pasivos para buscar soluciones. Queremos ampliar el presupuesto, pero también buscar alternativas para financiar el trabajo”.
También se ha descubierto que el Valle del Javarí es el segundo distrito sanitario indígena de Brasil con mayor riesgo de paludismo, sólo por detrás del territorio Yanomami, que actualmente se enfrenta a una grave crisis humanitaria. Las pruebas sugieren que la deforestación aumenta la transmisión del paludismo en la Amazonía, sobre todo cerca de las explotaciones mineras, donde se ha deforestado para abrir piletas en el suelo, que facilitan la reproducción de los mosquitos.
Los intentos de Pereira de combatir la creciente minería ilegal en la región desencadenaron una crisis que lo llevó a renunciar a un cargo en la agencia indígena del gobierno, Funai, en 2019. Dijo a sus amigos que fue perseguido por funcionarios del gobierno de Bolsonaro, que desmanteló varias de las agencias ambientales del país.
Ese mismo año se incorporó a Univaja, donde se propuso mejorar el monitoreo del valle con personal y recursos propios. Esto incluía la embarcación de la unidad sanitaria. “Bruno negoció la balsa, buscó financiadores… lo ha hecho todo”, afirma Marubo.
La embarcación fue entregada por Univaja al distrito sanitario en febrero, pero no ha empezado a funcionar hasta ahora. Marubo se quejó del retraso, a lo que el distrito dijo que la embarcación necesitaba equipo sanitario adicional antes de poder comenzar a operar.
Aunque se trata de un logro que Pereira trágicamente no ha podido ver materializado, las personas más cercanas al especialista destacan el impacto y el legado de su trabajo, entre ellas Beatriz Matos, su viuda y recientemente nombrada directora de un organismo gubernamental para la protección de los pueblos aislados. “Esta es la materialización del trabajo de Bruno y de otras personas”, dijo Matos.
