Energía

State Grid aumenta su presencia en Chile con la compra de CGE

Legisladores chilenos cuestionaron la transacción de State Grid, que probablemente sea aprobada en febrero, mientras que resurge el debate sobre las empresas estatales extranjeras en Chile
<p>Torres eléctricas en el Desierto de Atacama en Chile (Imagen: Alamy)</p>

Torres eléctricas en el Desierto de Atacama en Chile (Imagen: Alamy)

A mediados de noviembre de 2020, la firma china State Grid anunció que compraría la distribuidora eléctrica de Chile CGE por más de US$3.000 millones. Si bien se levantaron voces de alerta por lo estratégico de la transacción al tratarse de infraestructura crítica, el gobierno chileno finalmente la aprobaría en febrero.

US$3 mil millones


El monto que pagará State Grid en la compra de CGE

La Fiscalía Nacional Económica es la entidad a cargo de revisar la operación, pero con limitaciones. Ricardo Riesco, director del organismo, reconoció que este no tiene atribuciones legales más allá de la “promoción, defensa y resguardo de la libre competencia” ante la Comisión de Economía de la Cámara Baja.

Esto podría llevar a la fiscalía a aprobar la compra tal como está propuesta, darle luz verde con ciertas condiciones o rechazarla. Hasta ahora, de 135 acuerdos supervisados por la Fiscalía, 120 han sido aprobados, 12 aprobados con condiciones y 3 rechazados, lo que sugiere que las probabilidades de un rechazo total son escasas.

Esta no es la primera vez que State Grid invierte en Chile. A principios de 2020 Chilquinta, otra distribuidora eléctrica local, quedó bajo su propiedad tras pagar más de US$2.000 millones. China Southern Power Grid, con 30% de la firma de transmisión local Transelec, la italiana Enel y la canadiense Brookfield también presentaron ofertas. 

Si la compra de CGE se concreta, la estatal china sería propietaria de dos de las cuatro mayores distribuidoras eléctricas de Chile y atendería a 57% de los consumidores del país. Abarcará toda la red del norte del país, donde se ubican parte importante de las minas, y las regiones del Biobío, Maule y O’Higgins, en el centro-sur.

El diputado socialista Jaime Naranjo, quien preside la Comisión de Economía de la Cámara Baja y uno de los principales detractores de la operación, ha expresado su preocupación por la “suerte de concentración” de empresas chinas que se está dando en diferentes sectores del país.

Naranjo es parte de un grupo de legisladores, tanto oficialistas como de oposición, que presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo regular y elevar las exigencias a empresas estatales extranjeras que buscan invertir en Chile. De aprobarse, dichas inversiones deberán ser aprobadas por dos tercios del Congreso. 

Estrategia de inversión

Además de la compra de CGE, State Grid y otras empresas chinas han expandido en los últimos años su influencia en el sector energético de América Latina. 

Mientras State Grid tiene inversiones en Brasil que suman US$12.400 millones -el equivalente al 60% de la inversión de la compañía fuera de China- Three Gorges, otro conglomerado estatal chino, participa de la operación de 17 centrales hidroeléctricas y 11 parques eólicos en Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. 

Para Fernando Reyes, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello y ex embajador de Chile en China, la compra de CGE por State Grid responde a la actual política de inversión extranjera de China. Esta se centra en determinadas áreas como la energía, las telecomunicaciones y las redes digitales.

China tiene que invertir las grandes utilidades de sus empresas, tanto estatales como privadas, para obtener retornos atractivos. Y para lograrlo va donde las oportunidades de inversión están

Pero no sería la única razón. “Esto también responde a la política que ha tenido Chile por años, impulsada tanto por la ex Presidenta Michelle Bachelet como por el actual Presidente Sebastián Piñera, de incentivar la inversión china en el país”, asegura.

Por ello, asegura, no es de extrañar la participación de una empresa china en la compra de CGE, ni tampoco en las licitaciones de carreteras y de otro tipo de infraestructura en el país. Un ejemplo de ello es la compra en 2019 del 24% de la empresa chilena SQM por parte de Tianqui, la cual maneja las reservas de litio más grandes del mundo. 

Pero además, esto es parte de un plan de inversión mucho más grande, agrega Yun Tso Lee, director del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. “China tiene que invertir las grandes utilidades de sus empresas, tanto estatales como privadas, para obtener retornos atractivos. Y para lograrlo va donde las oportunidades de inversión están”, asegura.

Yun Tso Lee considera que América Latina está atravesando una ola de inversión de China, focalizada en Argentina, Brasil y Chile, luego de una primera etapa en Ecuador y Venezuela. “La inversión está mucho más profesionalizada y estandarizada con lo que respecta al modo de medir el riesgo”, asegura. 

Un reciente análisis de Bloomberg reveló que las fusiones y adquisiciones por parte de empresas chinas en América Latina alcanzaron los 7.7 mil millones de dólares en 2020, superando a Europa y Estados Unidos combinados. De todos modos, a nivel global, las compras por parte de empresas chinas está en su nivel más bajo desde 2007. 

Infraestructura crítica

Dado que las instalaciones de distribución de energía se pueden considerar como infraestructura crítica en Chile, este ha sido el argumento usado por las voces de alarma que se han hecho oír por la compra de CGE. Pero como el país no tiene una ley que resguarde esto, no es mucho lo que las instancias oficiales podrían hacer.

Claudio Huepe, investigador de la Universidad Diego Portales, considera que no sería raro que Chile tuviera una reflexión más estratégica sobre empresas tan claves como las de transmisión y distribución eléctrica Sin embargo, reconoce  que la regulación del sector eléctrico es bastante específica.

“El sistema está diseñado para que sea transparente frente a la propiedad”, explica Huepe. En Chile, las empresas distribuidoras de energía reciben áreas de concesión por parte del gobierno, con lo que se convierten en monopolios naturales, pero los precios son fijados por el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía. 

Para Huerpe, no sería extraño que exista un dueño extranjero en el mercado eléctrico del país ni que este tenga funciones públicas. “Las discusión es más general; es sobre si debe existir un límite a la inversión que pueden hacer ciertas empresas en determinadas áreas estratégicas”, considera.

Fernando Reyes asegura que hay temas más de fondo que solo las sospechas expresadas sobre la verdadera intención de la compra. “Lo que no se entiende en Chile es el verdadero carácter que tienen los organismos del Estado en China y cómo, bajo la lógica económica, estos estimulan a las empresa -estatales o semiestatales- a competir entre ellas”, explica.

Pero además, enfatiza Yun Tso Lee, las empresas estatales chinas no obedecen al gobierno central, sino a los regionales. Una de las objeciones planteadas por los legisladores chilenos desde noviembre cuando se anunció la compra es que CGE terminaría manejada por el estado chino. 

“Son los intendentes de cada región de China los responsables de sus resultados. Como operan bajo la meritocracia, son estos funcionarios los interesados en obtener buenos números. Y eso lo hacen bajo la lógica de la empresa privada y de la competencia”, sostiene Yun Tso Lee.

Los expertos coinciden en que hay otro aspecto político involucrado en el rechazo a la venta de CGE a State Grid, pero esta vez de carácter internacional. Al igual que otros países de América Latina, Chile se ha encontrado en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. 

A pesar del cambio de gobierno en Estados Unidos, Yun Tso Lee estima que la percepción levantada en contra de China va a persistir, aunque con matices y de forma menos agresiva que antes. “Esto ya está en el discurso político”, asegura.

Oficialmente, el gobierno de Chile ha asegurado a través de sus ministros que el país está abierto a la inversión extranjera, sin importar de donde venga y siempre que se ajuste a las regulaciones y a la libre competencia. China es el principal socio comercial del país sudamericano y el mayor comprador de sus productos agrícolas.