Brasil expande su mercado de carbono a la espera de una regulación en Glasgow

Ambientalistas resaltan la falta de credibilidad de los mecanismos de mercado de carbono avalados por el gobierno de Bolsonaro

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Los créditos de descarbonización ahora son negociados por empresas de biocombustibles en B3, la bolsa de valores brasileña (imagen: Alamy)

La empresa china de generación de energía China Three Gorges (CTG) Brasil anunció recientemente la “neutralización” de sus emisiones de carbono. La meta se logró, entre otras cosas, mediante la compra de más de 8.000 créditos de carbono para un proyecto de conservación en Vale do Jari, estado de Amapá, que protege un área de 200.000 hectáreas.

La compra ayuda a la empresa a mitigar el impacto ambiental de proyectos como la central hidroeléctrica São Manoel en la frontera entre Pará y Mato Grosso, que entró en operación en 2018 luego de ser duramente cuestionada por ambientalistas y grupos indígenas. La empresa china espera que los créditos compensen por completo sus emisiones para 2022, estimadas en 1.700 toneladas de CO² por año.

CTG Brasil no es la única empresa que sigue esta ruta. Natura, Ipiranga, Itaú y Renner, entre otros, también están invirtiendo en la compra de bonos en Brasil, anticipándose a la regulación de un mercado global de carbono. Se espera que esto concluya en las conversaciones climáticas de la COP26 en Glasgow en noviembre.

"Hoy en Brasil, hay muchas empresas, de varios sectores y tamaños, haciendo compensaciones", dijo Mariama Vendramini, directora de la oficina brasileña de EcoSecurities, que se especializa en los mercados de carbono. "La tendencia del mercado es de crecimiento".

El tema es favorecido por el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, quien ha argumentado que los países ricos deben pagar para que los países en desarrollo, como Brasil, puedan preservar el medio ambiente.
De hecho, Brasil tiene el potencial de ser líder en el mercado de carbono. Es el tercero en el mundo en capacidad instalada de energía renovable, detrás de China y los EE. UU., Y el segundo en cobertura forestal después de Rusia, con el 58% de su superficie terrestre cubierta por árboles.

Sin embargo, la falta de políticas públicas internas para el sector y la debilidad de las políticas ambientales brasileñas significan que estas compras están creciendo al margen del control gubernamental en un área conocida como el "mercado voluntario".

En este sector, los créditos de carbono surgen de varios proyectos “verdes”, como plantas de energía renovable, iniciativas de reforestación y conservación de bosques. Los desarrolladores de estos proyectos son auditados por entidades independientes y, si cumplen con los criterios, emiten créditos de carbono certificados.

Luego, los bonos se ponen a disposición en el mercado, generalmente en bolsas de valores, como la Bolsa de Clima de Chicago o la propia bolsa de valores de Brasil. Cualquier entidad, ya sea una empresa, ONG, gobierno o incluso un individuo, puede generar y vender créditos de carbono en los mercados voluntarios.

Obstáculos para la regulación del mercado mundial de carbono

La idea de un mercado internacional de carbono se planteó en la conferencia Río-92 de la ONU y ganó fuerza en torno al Protocolo de Kioto de 1997. Según Kyoto, los países desarrollados signatarios deben cumplir con un objetivo de reducción de emisiones y están obligados a compensar sus excedentes comprando créditos de carbono de otros países.

La fortaleza del mercado del carbono ha variado mucho desde sus inicios. "En la época del Protocolo de Kioto, de 2005 a 2012, había un mercado de carbono muy fuerte. Después de que Kioto terminó, se secó por completo. Y ahora está regresando gradualmente", explicó Pedro Moura Costa, director del Instituto BVRio, una ONG que promueve el cumplimiento de las leyes ambientales a través de medios de mercado.

Según el Banco Mundial, actualmente hay alrededor de 60 iniciativas de fijación de precios del carbono activas o en implementación entre países y gobiernos subnacionales de todo el mundo.

Muchos esperan que el desafío de la regulación, previsto en el artículo 6 del Acuerdo de París, se resuelva pronto. La Conferencia sobre el Clima de la ONU de 2019 en Madrid (COP25) frustró las expectativas y no concluyó con una regulación a nivel internacional. Brasil fue uno de los países que creó obstáculos en las negociaciones. Estos se centraron en dos áreas: la recaudación de créditos de carbono antiguos y la definición de una nueva forma de contar.

Brasil quiere una forma de contabilizar los créditos que cuente las reducciones de emisiones para los países que compran y venden los créditos. Este es un método impugnado por varias naciones. En la práctica, esto abriría un margen para que los vendedores potenciales, como Brasil, no reduzcan realmente sus emisiones.

El congresista Zé Silva asistió a la COP25 y cree que la cumbre programada para este año debe hacer avanzar las cosas. "Aunque Brasil tiene algunos puntos de divergencia con otras naciones, las convergencias son mucho mayores", dijo.

Para otros, incluso si el mercado está regulado, Brasil seguirá teniendo dificultades. Con una deforestación récord en la Amazonía, la credibilidad de Brasil en la implementación de políticas ambientales compatibles con los objetivos de reducción se ve comprometida.

"El carbono se encamina a convertirse en el nuevo producto básico mundial, pero el gobierno brasileño y parte de la agroindustria ignoran la nueva geopolítica económica mundial e insisten en dar pasos hacia atrás que no solo cuestan la destrucción del patrimonio ambiental del país, sino que sofocan la economía y las posibilidades de crecimiento económico con sustentabilidad ”, dijo el senador Fabiano Contarato, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta.

Moura Costa estuvo de acuerdo. "El bolsonarismo es el mayor impedimento para una mayor participación de Brasil en cualquier mercado ambiental, incluido el mercado del carbono", dijo. "Existe un gran escepticismo sobre la credibilidad, la legitimidad, de cualquier acción ambiental en Brasil en este momento".

Iniciativas nacionales

China, el mayor emisor del mundo, reguló su mercado interno de carbono a principios de este año. "La lógica está dentro del contexto más general de China de aspirar a ser una economía que avance hacia la neutralidad de carbono para 2060", explicó Lívio Ribeiro, investigador asociado del instituto de economía FGV Ibre.

En Brasil, a pesar del potencial del mercado, las iniciativas oficiales para regular el mercado de carbono en Brasil se han movido lentamente.

El mercado regulado está restringido a la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio) y cubre solo el sector del transporte. Creado en 2017, está enfocado a acelerar la transición de las fuentes primarias de energía para los sistemas de transporte mediante un mayor uso de combustibles renovables y menos contaminantes.

El principal mecanismo de la política es la comercialización de créditos de descarbonización (CBIO). Estos valores son emitidos por productores e importadores de biocombustibles y vendidos en la bolsa de valores brasileña (B3). A pesar de las dificultades con la pandemia, en 2020 se negociaron aproximadamente 600 millones de reales (US$109 millones) en CBIO.

Además de la ausencia de un mercado regulado en áreas esenciales como la generación de energía, Brasil enfrenta dificultades para instituir impuestos sobre la emisión de gases contaminantes. En 2020, el Ministerio de Economía anunció que el gobierno está evaluando la creación de un "impuesto verde", sin presentar un plan concreto desde entonces.

Con la participación del estado brasileño, el mercado ganaría una nueva escala, dijo Vendramini, de EcoSecurities. “Hay varios sectores, especialmente los más contaminantes, que necesitan reducir emisiones, hacer compensaciones. Entonces el papel del Estado sería colocar esta obligación de una manera más generalista, definiendo metas de reducción”, dijo.

Pero a pesar de ayudar a combatir el cambio climático, los ambientalistas han enfatizado que el mercado del carbono no es una panacea.

"Hay un esfuerzo por ser carbono neutral, pero eso no es todo: se necesita un mecanismo de compensación que literalmente compense las emisiones", dice Ribeiro, de FGV. "De lo contrario, se convierte en una compra y venta de derechos de contaminación".