La transición energética de Chile enfrenta dificultades

La nación cada vez más árida debe garantizar la estabilidad de su sistema eléctrico y asegurar la justicia climática en las zonas donde cerrarán las centrales eléctricas de carbón

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Un niño juega en la playa frente a la tubería de una central termoeléctrica en Las Ventanas, Valparaíso, Chile, una de las "zonas de sacrificio" del país. Estas zonas enfrentan retos medioambientales y sociales por la proximidad de industrias contaminantes, y requieren una gestión cuidadosa en la transición energética nacional. (Imagen: Pablo Sanhueza / Alamy)

En los últimos años Chile ha tenido un crecimiento exponencial de las energías renovables y se ha convertido en el segundo mercado más atractivo para inversiones energéticas entre los países emergentes, según el Climatescope 2021, de Bloomberg New Energy Finance. Sin embargo, la transición energética en Chile enfrenta grandes desafíos.

Hasta 2021, cinco centrales generadoras a carbón habían cerrado y se espera que en 2022 les sigan otras cuatro. Así, en 2025 el número total de cierres debería estar en 15, más tres centrales reconvertidas, lo que significa un 65% de avance. Para 2040, las 28 plantas a carbón del sistema de generación eléctrica chileno deberían estar, finalmente, apagadas.

Sin embargo, el camino para adelante es dificultoso por la sequía que ha azotado a gran parte del país por más de una década. Expertos coinciden que el país logrará la carbono neutralidad en 2050, el objetivo al que se comprometió en el marco del Acuerdo de París, pero resaltan los desafíos sociales y prácticos de la transición. 

Los números no bastan

El año pasado finalizó para Chile con 166 proyectos de Energía Renovable No Convencional en construcción, los que suman 4.473 MW de potencia, según datos de la Comisión Nacional de Energía. Dichos proyectos corresponden a la mitad de la generación que ya está operativa en el país (8.695 MW) y deberían estar todos funcionando en 2023.

A pesar de esa expansión, a mediados del año pasado el país casi quedó a oscuras, con riesgos de corte del suministro eléctrico. Ello obligó al gobierno a publicar un decreto con medidas preventivas para evitar el racionamiento. El decreto ahora sería prorrogado hasta septiembre de 2022 por el gobierno del presidente entrante Gabriel Boric, que asumirá en marzo. 

Gabriel Boric
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Fue una tormenta perfecta donde la escasez hídrica jugó un rol importante, pero donde también confluyeron otros factores imprevistos. 

La sequía ha mantenido en el último tiempo a los embalses destinados a la generación de energía a duras penas superando la mitad de su capacidad, pero muchas veces han estado muy por debajo de ella. A ello se sumaron la ausencia de las primeras centrales a carbón que dejaron de funcionar, una crisis de abastecimiento de petróleo diésel y problemas técnicos en algunas centrales.

“No solo vivimos un año seco muy malo, el peor en 70 años, sino que también hubo centrales que dejaron de funcionar”, explicó Álvaro Lorca, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Pero además, muchos recursos que se suponía estaban disponibles para la emergencia, no lo estuvieron, agrega.

Tal fue el tamaño de la crisis que se habló de hacer operar nuevamente a las generadoras a carbón cerradas, tal como Ventanas 1 en la región de Valparaíso, cerrada desde diciembre de 2020. Finalmente no se hizo, pero ello no evitará que en el futuro, durante todo el proceso de transición energética, no se deba recurrir a ellas.

Ello porque, entre otros, hasta en los mejores escenarios de cambio climático Chile se volverá más seco, por lo que la escasez hídrica será una constante. “Cada año tendremos 2% menos de agua”, detalló Lorca.

Para Felipe Pino, abogado de la ONG Fima y encargado del proyecto Transición Justa, es una falencia que la planificación no haya considerado a la sequía como un factor importante en la ecuación.

Pero del periodo de “vacas flacas” se pueden sacar muchas lecciones, opinó Lorca. El académico cree que las plantas a carbón podrán estar cerradas para 2040 y que Chile logrará la carbono neutralidad en 2050, pero habrá que hacer cambios.

Y uno de ellos es el manejo de los embalses. “El 30% de la energía de Chile viene del recurso hídrico, por ello hay que hacer un manejo más inteligente del mismo”, aseguró.

Un estudio asegura que si bien no se proyecta un déficit inminente en el suministro energético en el primer trimestre de este año, si no se cambian las actuales políticas de operación de los embalses las reservas de energía podrían llegar a un 15% del total a fines de marzo. Mismo porcentaje que había cuando se elaboró el decreto preventivo de agosto.

“El uso demasiado optimista del agua, junto con el cierre de más generadoras a carbón, nos puede poner nuevamente en un año muy delicado”, agregó Lorca. Por eso las expectativas de no volver atrás en el uso del carbón deben ser moderadas.

 Aún más, continuó, se debe entender que no existe la capacidad de tener un suministro estable y seguro sin tener como resguardo parte de las plantas a carbón que se cerrarán. Un ejemplo de ello es lo que pasó en 2021 con la generación a diésel, comentó Lorca. La demanda aumentó de tal manera, por todas las condiciones antes mencionadas y por la pandemia, que ni oferta ni la logística dieron abasto. 

Justicia climática

Si bien Pino reconoce que ha habido un gran avance en la transición energética desde que Chile asumió  la presidencia de la conferencia climática COP25 en 2019, aún hay dos cosas que están pendientes:. un cronograma del cierre del resto de las centrales a carbón y una mirada moderna del proceso de transición que permita una justicia climática efectiva.

“Para quienes viven en las zonas de sacrificio esto comenzó muy tarde, y el costo de ese atraso no deben pagarlo las comunidades”, opinó.

Las denominadas zonas de sacrificio son áreas pobladas altamente industrializadas o con presencia de industrias específicas muy contaminantes, como las plantas a carbón. Por esa razón se busca justicia ambiental para quienes viven en esas zonas, y sufren por la contaminación. 

De acuerdo a Pino, la transición se ha centrado casi únicamente en la reconversión laboral, que aunque es crucial no es lo único a considerar. “La restauración ecológica, la reparación y la seguridad social para las comunidades son igual de importantes”, aseguró.

A nivel internacional, se ha postergado la adaptación. Eso es lo que se está tratando de evitar en la transición energética chilena

A fines de 2021 se publicó la Estrategia de Transición Justa en el Sector Energía, la que estaba comprometida en la actualización de la NDCs (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) de Chile. El trabajo, encabezado por los ministerios de Energía, Medio Ambiente y Trabajo, también contó con una consulta pública.

En dicha estrategia, explicó Carolina Urmeneta, jefa de la oficina de cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente, no solo se contemplan las medidas de reconversión laboral, sino también un plan de monitoreo de las zonas donde están las plantas a carbón para determinar cómo va su mejoría tras los cierres. Parte de este trabajo ya ha comenzado en las regiones de Quintero, Puchuncaví, Huasco y Coronel. 

“La gente podrá conocer cómo están mejorando su territorios, la calidad del agua y de los suelos, y el estado de los sedimentos en las bahías”, explicó. “A nivel internacional, hay casos donde se ha puesto mucho foco en la mitigación con lo que se ha dejado de lado lo que pasa en los territorios y se posterga la adaptación. Y eso es lo que se está tratando de evitar en la transición energética chilena”.