Argentina frena las energías renovables en medio del coronavirus

La cuarentena obligatoria demoró la construcción y puesta en marcha de nuevos proyectos de energía renovable en Argentina

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Argentina energía renovable

El parque de energía solar Cauchari en Jujuy es uno de los demorados por la cuarentena impuesta por Argentina para frenar el coronavirus (imagen: Fermín Koop)

En medio de una cuarentena, Argentina está en pausa para parar el avance del coronavirus en el país, ya con más de 1.700 casos en diferentes provincias. La medida significó un freno general en la economía, incluyendo el desarrollo de las energías renovables, con numerosos proyectos demorados.

El gobierno de Alberto Fernández limitó la circulación de personas en todo el país, sólo pudiendo desarrollarse actividades esenciales como producción y distribución de alimentos. Inicialmente debería durar tres semanas pero se está analizando una mayor extensión.

La medida fue una mala noticia para el desarrollo de las renovables, un sector ya afectado por la falta de financiamiento ante la crisis económica de Argentina y por la falta de apoyo del gobierno de Fernández, que se ha mostrado más proclive al petróleo y gas.

Por lo menos diez proyectos eólicos y solares de empresas como las chinas Goldwind y Power China y las argentinas Genneia y Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) frenaron su construcción o puesta en marcha por la reciente cuarentena, que representan más de 1.000 GW de energía, de acuerdo a estimaciones de las empresas.

“La planta está terminada pero no podemos hacer las pruebas necesarias para empezar a funcionar. Tuvimos que demorar todos nuestros plazos y ahora estimamos estar operativos en la segunda parte del año”, sostuvo Carlos Oehler, titular de la empresa energética provincial de Jujuy JEMSE, que lleva adelante el parque solar Cauchari.

Cauchari es la planta solar más grande de América Latina, con 1.2 millones de paneles solares. El proyecto fue financiado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (China Exim) y desarrollado por JEMSE junto con la empresa china Shanghai Electric Power Construction (SEPC), una filial del grupo de construcción Powerchina.

Sin embargo, su inauguración oficial está frenada, una realidad que se repite en otros proyectos. Goldwin tiene retrasos en los cuatro parques eólicos que están construyendo en Chubut, por 250 MW, al igual que los tres parques de Genneia en la misma provincia y los de PCR en Santa Cruz.

“Frenar el desarrollo de los parques afecta a toda la cadena de producción. Las pequeñas empresas que proveen insumos a los parques están paradas y no están trabajando por la cuarentena,” afirmó Marcelo Álvarez, miembro de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).

Un sector en pausa

Las energías renovables se enfrentan a nuevos desafíos en Argentina que van más allá del coronavirus. Luego de crecer del 1% al 8% en la matriz energética en los últimos cuatro años, el sector no tiene todavía un rumbo claro luego de la asunción de Fernández en diciembre, ahora con el foco puesto en el coronavirus.

El área encargada de la temática dentro de la Secretaría de Energía fue degradada de subsecretaría a dirección nacional con el cambio de gobierno, sin todavía confirmar a una persona a cargo del sector. Ello ha significado un freno a cualquier avance en el sector, sin nuevos proyectos en el horizonte.

Desde 2016 entraron en operación comercial 131 parques de generación de energías renovables, en su mayoría eólicos. Hay 70 en construcción y siete próximos a su inauguración, con una inversión de US$4256 millones. Sin embargo, también hay 99 proyectos frenados y 7 que fueron directamente cancelados.

131

parques de energía renovable entraron en operación desde 2016 en Argentina

Ello se enmarca en la falta de financiamiento de muchos de los proyectos, ante un panorama económico negativo en Argentina. El gobierno está renegociando su deuda externa con acreedores privados y la posibilidad de un nuevo default dificulta la construcción de los parques.

A ello se le suma la saturación del sistema de transporte de energía en Argentina. La inauguración de los parques eólicos y solares en los últimos cuatro años no fue acompañada de una inversión en nuevas redes eléctricas. Sin ello, es difícil pensar en nuevos proyectos, fuentes del sector concuerdan.

"Con el riesgo país actual, no va a haber crecimiento de energía eólica. A esto hay que sumarle la reestructuración de la deuda: el Gobierno le ha pedido una quita al FMI y eso no es usual. No son buenas señales", dijo René Vaca Guzmán, titular de la Cámara Eólica Argentina.

Argentina debía contar con el 8% del consumo de energía eléctrica basado en fuentes renovables para diciembre del 2018, de acuerdo a la Ley de Energía Renovable. La meta se cumplió un año después. El segundo objetivo de la ley es todavía más dificultoso con el nuevo escenario: 20% en 2025.

Con el riesgo país actual, no va a haber crecimiento de energía eólica

"Es importante que se cumplan los objetivos fijados en la ley, ya que, a pesar de las vicisitudes que pueda generar el marco económico general actual y su impacto en la industria de la generación eólica, el cumplimiento de esas metas debería ser un horizonte de referencia”, sostuvo Gustavo Castagnino, director de asuntos corporativos de Genneia.

El rol de Vaca Muerta

Mientras que la energía renovable no aparece en la lista de prioridades del nuevo gobierno, si lo está el desarrollo de nuevos proyectos de hidrocarburos, específicamente en Vaca Muerta, la principal área de gas y petróleo no convencional de Argentina y una de las principales del mundo.

“Los hidrocarburos serán una palanca para el desarrollo productivo de nuestro país”, sostuvo Fernández a principios de marzo en la apertura de sesiones del Congreso. Detrás del mensaje está la necesidad de Argentina de conseguir mayores inversiones que puedan movilizar la economía.

Con una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados, Vaca Muerta cubre las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén y Rio Negro. Se estima que tiene un total de nueve millones de metros cúbicos de gas no convencional y 16 milliones de barriles de petróleo no convencional.

Actualmente sólo el 5% de dichas reservas están siendo explotadas. Diversas empresas ya trabajan en el área, como Shell, Wintershall, Sinopec y Pan American, pero se necesita de una mayor inyección de fondos para potenciar la extracción. Ello permitiría incrementar las exportaciones del país y la generación de capital.

Sin embargo, la reciente caída generalizada de los mercados y del precio del petróleo dificultó los planes del gobierno. Para que la extracción sea rentable, se estima que el precio del barril de Brent debería estar por encima de los US$40, lejos de su cotización actual de US$27.

“Estamos en medio de un grave problema. Es como si se cayera un ídolo. La gran esperanza argentina está puesta en ese yacimiento”, sostuvo Jorge Lapeña, ex secretario de energía. “Las empresas tendrá que analizar si les resulta conveniente mantener la producción en estos niveles.”

La baja del precio del petróleo llevó a empresas y provincias productoras a pedirle al gobierno nacional que subsidie el barril doméstico, para así garantizar los yacimientos en producción y las futuras inversiones. Sin embargo, hacerlo sería dificultoso en una economía en recesión como la argentina.

Argentina ya gasta millones de pesos todos los años en subsidiar la actividad en Vaca Muerta. El año pasado las empresas recibieron 27.6 mil millones de pesos, 2,81 veces más que en 2018, lo que representó 12.1% de todos los subsidios a la energía otorgados por el gobierno.

Impulsar la actividad petrolera a través de nuevos subsidios, en contraposición a desarrollar la energía renovable, también puede traer problemas al gobierno por sus compromisos climáticos. Argentina se comprometió a reducir sus emisiones un 18% para 2030, meta que espera lograr en parte gracias a energías limpias, de acuerdo al detalle de su plan.

“De subsidiar el precio del petróleo, alguien va a tener que pagar la diferencia con los precios internacionales y ese va a ser el Estado”, sostuvo Gustavo Perego, director de la consultora Abeceb. “Hay muchos trabajos en riesgo si la actividad se frena, pero una medida así sería muy costosa para el gobierno”.