En el último año, las comunidades que buscan alternativas para involucrar a las empresas chinas en el extranjero finalmente han logrado algunos avances. No obstante, debe haber una movilización adicional significativa. Las comunidades afectadas en Asia pueden aprender a través del trabajo en conjunto con grupos latinoamericanos para reafirmar sus derechos.
Revisión de los derechos de China
Antes de una revisión de las Naciones Unidas sobre los derechos en China llamada la “Revisión Periódica Universal” (EPU), Diálogo Chino publicó un importante artículo centrado en el trabajo de los grupos de las partes interesadas en toda América Latina. Sus presentaciones conjuntas al UPR, siete en total, representan las opiniones de los movimientos y las organizaciones de la sociedad civil que enfrentan los impactos negativos de la inversión china en sus comunidades.
Más allá de ejercer presión por medio de acciones locales críticas, como la reciente decisión judicial en Ecuador que detiene el proyecto minero de inversión china Ecuagoldmining, los tenaces coordinadores latinoamericanos exigen cada vez más, que sus propios gobiernos utilicen plataformas y herramientas internacionales para que China rinda cuentas de sus compañías.
Al final de la revisión quedó claro que esta campaña, coordinada por la sociedad civil, había logrado importantes avances. Luego de las campañas de presión de la sociedad civil a nivel nacional, los gobiernos de Ecuador y Perú recomendaron que China tome medidas, tanto a nivel legal como en sus políticas, para garantizar que las sus operaciones comerciales estén en línea con las leyes internacionales de derechos humanos y de los países receptores.
Si bien aún queda un largo camino por recorrer antes de que se traduzcan en resultados en el terreno, es probable que China acepte una serie de recomendaciones realizadas en el marco del EPU, como lo hizo en su primer EPU en el 2009, y nuevamente en el 2013. En marzo China anunciará si aceptará la recomendación de Perú y Ecuador.
Otros Estados que formaron parte de la sesión reconocieron las recomendaciones claves en los informes, incluyendo poner el foco de la responsabilidad debida en áreas de alto riesgo o conflicto (Palestina); y extender las leyes nacionales relativamente progresivas que regulan los impactos ambientales de las empresas en las operaciones en el extranjero (Kenia).
Curiosamente, este no es el único espacio en el sistema internacional donde los expertos y la sociedad civil analizan el rol del gobierno chino en la regulación de las empresas chinas en el extranjero.
China se comprometió a participar de manera constructiva en las negociaciones para un tratado vinculante sobre las empresas transnacionales en octubre de este año. En este marco, estuvo de acuerdo en que “muchas partes interesadas, incluidos los representantes de la sociedad civil, han proporcionado opiniones y recomendaciones valiosas y profesionales que acogemos con gran satisfacción y a las que atribuimos una gran importancia”.
Este compromiso brinda una apertura crítica, en particular dado el enfoque conservador adoptado por la delegación en muchas de las cuestiones sustantivas planteadas en las negociaciones del tratado.
Incluso, el 13 de noviembre China anunció un nuevo proyecto de ley sobre la coordinación de asistencia en el extranjero que en su alcance incluye explícitamente “préstamos sin intereses y préstamos en condiciones favorables”. Una serie de cartas presentadas por expertos de la ONU que analizan los impactos de las empresas chinas en el extranjero, han comenzado a profundizar el diálogo tanto con el Estado como con el sector privado. Tomados en conjunto, parece haberse abierto una puerta política que puede avanzar, tanto dentro como fuera del EPU.
La respuesta de América Latina
El gran número de peticiones latinoamericanas no significa que las preocupaciones se limiten exclusivamente a la región. Estos no son los únicos gobiernos que están considerando cómo gestionar los impactos de las inversiones chinas.
De hecho, hasta ahora, se puede decir que América Latina ha estado menos integrada en las políticas oficiales de inversión y promoción del comercio chino, tal como la Iniciativa Una Franja, Una Ruta (BRI por sus siglas en inglés), que los vecinos más próximos a China.
Aparte de los documentos de política del Ministerio de Relaciones Exteriores de China sobre América Latina publicados en el 2008 y el 2016, y el Acuerdo de Cooperación CELAC-China 2015-2019, solo unos pocos memorandos diplomáticos relativamente recientes fueron firmados para consolidar la “cooperación sur-sur” con la región.
Sin embargo, este año el impulso se ha incrementado. En enero, CELAC (la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un bloque político) emitió una declaración especial sobre el BRI y varios países, entre ellos Panamá, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, El Salvador, Chile y Bolivia han firmado acuerdos bilaterales bajo el estandarte de la iniciativa de infraestructura.
Entonces, ¿qué es lo que hace diferente la respuesta de la sociedad civil latinoamericana a los proyectos chinos?
En el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés), trabajamos con defensores de derechos y organizaciones de la sociedad civil a nivel global, considerando utilizar herramientas internacionales para poder hacer su trabajo. En nuestro trabajo sobre el EPU de China, surge una diferencia importante entre los grupos latinoamericanos y otros, especialmente en Asia: la capacidad de trabajar en coaliciones.
El número total, la capacidad de organización y la tenacidad de los grupos latinoamericanos generaron que las delegaciones chinas en Ginebra escucharan sus reivindicaciones en voz alta y clara. No solo esto, en muchos casos recibieron el apoyo de grupos internacionales como CIVICUS y FIDH que ayudaron a dar visibilidad a su campaña.
Han dicho que el EPU era una oportunidad importante para ser escuchado por los gobiernos a nivel internacional, cuando no han tenido suerte con los suyos.
Lo más importante es que muchos de los que participaron en las presentaciones de América Latina creyeron en el cambio. Han dicho que el EPU era una oportunidad importante para ser escuchado por los gobiernos a nivel internacional, cuando no han tenido suerte con los suyos.
En Asia no hay escasez de información. Los medios de comunicación globales y cada vez más medios en Asia, cubren regularmente historias de inversiones chinas que no han funcionado, como el puerto de Hambantota en Sri Lanka o una serie de proyectos de infraestructura importantes en Malasia, respectivamente. En Myanmar, las extensas negociaciones sobre el Corredor Económico China-Myanmar concluyeron a principios de este año, como parte explícita del BRI, a pesar de la polémica por las preocupaciones sobre los impactos en el medio ambiente, las condiciones de vida y el desplazamiento de las comunidades locales.
La sociedad civil también está tratando de sumarse a la discusión. Las presentaciones de Myanmar e Indonesia, la importante atención de Amnistía Internacional y un análisis interregional del sudeste de Asia y África por parte de ISHR, también informaron sobre el proceso del EPU. Sin embargo, a pesar del importante enfoque en el impacto de los proyectos chinos, los países asiáticos permanecieron en gran parte silenciosos en la revisión. Los países a menudo creen que no pueden tener tener un impacto real e ignoran las críticas.
En la región asiática el trabajo en coaliciones, a nivel nacional, regional e internacional, sigue siendo un desafío. Los defensores y activistas en el sudeste de Asia regularmente sostienen que existen pocas plataformas para la coordinación, u oportunidades limitadas para intercambiar experiencias, y aseguran que las barreras del idioma pueden exacerbar la aún ya difícil discusión.
Además, el entorno operativo para los grupos en estos países también juega un factor fundamental, con leyes restrictivas, que a veces recuerdan a las de la propia China, frenando la la capacidad de los grupos ambientales y laborales para hacer su trabajo.
Con suficiente dedicación, recursos y tiempo, esto no es una carga insuperable. El modelo provisto por los grupos en América Latina y las recomendaciones que obtuvieron, se pueden compartir con las comunidades de todo el mundo que se enfrentan a las empresas chinas y que están buscando oportunidades para involucrar al gobierno chino. El trabajo futuro en las coaliciones en los próximos meses será importante para garantizar que China acepte estas recomendaciones prometedoras y tome medidas concretas para mejorar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas chinas en el exterior.
La sociedad civil regional e internacional debe crear plataformas para facilitar un intercambio de información y estrategias, impulsadas por las necesidades de los grupos en el terreno. Los financiadores deben fomentar estos esfuerzos de manera creativa, incluso cuando las acciones e impactos concretos sean difíciles de medir.
Además, los gobiernos en Asia y en otros lugares deben asumir esta causa y garantizar la mayor responsabilidad y que se tome un compromiso significativo con los Principios Rectores de la ONU directamente en la mesa de negociaciones con China, y se respeten en las acciones de sus propios países.
