Nota del editor: Este es el segundo artículo de una serie enfocada en Chile y sus desafíos climáticos de cara a la cumbre COP25 en Santiago en diciembre.
Las proyecciones de cambio climático para Chile estiman que una de las principales consecuencias será la falta de agua. Mediciones preliminares del gobierno hablan de un déficit de disponibilidad del recurso en la actualidad de entre un 10% y un 37%,
Esta merma obligará a racionalizar un recurso que aún no tiene un inventario preciso a nivel país y a modificar, aseguran los expertos, el código de derechos de aprovechamiento que hoy permite que el agua esté en manos de privados.
Situación actual
Cada 30 años, Chile realiza un balance de la disponibilidad de sus recursos hídricos. La Dirección General de Aguas (DGA) fue la encargada de encomendar la elaboración del nuevo inventario, el que aún está en proceso.
Datos preliminares indican que en tres décadas la disponibilidad de agua descendió en promedio entre 10 y 37%. Pero en algunas zonas ese porcentaje llega a 50.
En la zona centro-sur de Chile el impacto es más evidente y directo, tanto por la cantidad concentrada de población como por el tipo de actividades que se realizan, asegura Eduardo Bustos, director de extensión del Centro Cambio Global de la Universidad Católica.
Es muy ‘raro’ que tengamos un sistema de gestión del agua que no reconozca las existencia de un entorno dinámico
“La señal de disminución de precipitaciones en todos los modelos y escenarios, a mediano y largo plazo, es muy consistente”, explica. Y también lo es para el aumento de la temperatura.
Pero esta vulnerabilidad proyectada ya se hizo presente. Hace diez años que la misma zona sufre una “mega sequía”. Si bien este tipo de fenómenos son cíclicos, este en particular ha sido más largo y con mayor alcance geográfico lo que, según diversos estudios, lo vuelven una anomalía atribuible al cambio climático.
Es en ese contexto que hoy el gobierno de Sebastián Piñera está trabajando en el Plan de Adaptación para los Recursos Hídricos, una de las nueve estrategias sectoriales encabezadas por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para combatir el cambio climático.
“Estamos en una primera etapa de diseño y de levantamiento de información para hacer análisis con asideros técnicos”, dice Carolina Urmeneta, jefa de la oficina de cambio climático del MMA.
1981
el año en el que Chile otorgó derechos de agua a empresas privadas
El objetivo, continúa, es tener un plan con indicadores monitoreables y verificables para 2020, algo que hoy no existe. Pero además, dar un marco jurídico a las medidas de adaptación al cambio climático en el tema del agua.
Eso sí, agrega la especialista, el plan no considera cambiar uno de los aspectos más polémicos del manejo de este recurso en Chile; su propiedad.
En 1981 se formuló el Código de Aguas, durante el gobierno militar, que aún sigue vigente. En él se considera al recurso como un bien social, pero también económico, y le permite al Estado conceder derechos de aprovechamiento de aguas a privados, de forma gratuita y a perpetuidad. Esto origina un mercado del agua porque quienes ostentan el derecho pueden venderlo.
Actualmente, el sector agrícola es el principal usuario del agua, seguido de lejos por la industria, la minería y el sector sanitario. El problema es que, muchas veces, esto ha ido en desmedro de la disponibilidad del recurso para consumo humano, tal como ocurrió en Petorca, a unos 200 kilómetros al norte de capital, por el alto gasto de agua que tiene el cultivo intensivo de paltas en la zona.
La discusión
La crisis hídrica y los desafíos climáticos de Chile abrieron la discusión sobre si se debe avanzar en cambios en el sistema de agua, algo en lo que los expertos difieren.
“Es muy ‘raro’ que tengamos un sistema de gestión del agua que no reconozca las existencia de un entorno dinámico, y donde no se pueda ajustar la distribución del recurso según el contexto”, opina Eduardo Bustos.
Mientras tanto, para Oscar Cristi Marfil, director de la DGA, la situación no es distinta del resto del mundo. “El sistema chileno es similar al de otros países -como Australia, Sudáfrica, España, y algunos estados de Estados Unidos, que presentan experiencias exitosas, sobre todo en contextos de sequía y escasez”, asegura.
En los países mencionados, la existencia de mercados de agua ayuda a reducir los impactos negativos de la sequía, agrega.
No se están tomando en cuenta la evidencia científica de las proyecciones climáticas
“El Parlamento Europeo los incluye entre sus recomendaciones para racionalizar el recursos y superar el estrés hídrico, mientras que China ya cuenta con un mercado y una plataforma asociada para hacer seguimiento a las transacciones”, dice.
La prioridad del gobierno, continúa la autoridad, es asegurar el abastecimiento de agua para el consumo humano, pero también para la conservación del medio ambiente, y la producción de bienes y servicios.
“El Código de Aguas quedó desactualizado porque carece de las herramientas adecuadas para enfrentar el aumento de la periodicidad e intensidad de las sequías, el sobre otorgamiento de derechos y la creciente demanda”, explica.
Por ello, en enero pasado, el gobierno presentó en el Senado un proyecto de reforma del Código de Aguas. El mismo busca mejorar la seguridad hídrica, combatir la especulación con los derechos de aguas y terminar con la entrega gratuita de derechos, exceptuando a pequeños agricultores y los servicios sanitarios rurales.
Pero para Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académica de la Universidad de Chile, la reforma presentada por el gobierno empeora la situación.
“No se están tomando en cuenta la evidencia científica de las proyecciones climáticas. Se está produciendo una distancia absoluta entre la discusión de derechos y la realidad biofísica que vive Chile”, opina.
El mantener el carácter perpetuo de los derechos, cosa que no cambiará a pesar de la reforma según dijo el ministro de Obras Públicas en enero pasado, muestra los problemas del proyecto de ley, sostuvo Moraga.
Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el río Perquilauquén, un tributario del Maule, ubicado a 370 kilómetros al sur de Santiago. Los derechos de agua en dicha zona ya están sobre asignados y, según las proyecciones de cambio climático, la situación se agravará, concluyó el trabajo realizado por la especialista junto a otros investigadores.
“La solución está en entender al agua como un bien estratégico de interés común, por lo que se debe buscar un acuerdo en su uso productivo, pero también para la conservación sustentable”, dice.
Hoy hay muchas comunidades que acceden al recurso solo a través de camiones aljibes, agrega, situación que podría ampliarse si no se toman medidas.
1,000,000
de personas en Chile no tienen acceso regular a agua potable
Casi el 47% de las viviendas en zonas rurales no tienen acceso a agua potable, lo que afecta a cerca de un millón de personas, asegura el estudio Radiografía del agua rural en Chile. A ello se suma que la mitad de las regiones del país tendrán que enfrentarse a la escases de agua en los próximo años.
Con miras a la COP25, el gobierno chileno creó siete mesas de trabajo científico y una de las cuales está dedicada al agua. Aunque ellas comenzaron a trabajar a mediados de abril, los expertos consultados esperan que a partir de esta iniciativa se generen nuevas herramientas de gestión.
