En los últimos meses, el gobernador de Maranhão Flavio Dino viene intentando llenar el vacío de liderazgo que existe en el movimiento que se opone al grupo político de extrema derecha ligado al presidente Jair Bolsonaro.
Entrevistas, conversaciones con políticos tanto de izquierda como de derecha y la inclusión de su nombre en una encuesta de opinión sobre las elecciones presidenciales del 2022 alimentan especulaciones sobre su deseo de transformarse en presidente de Brasil.
Pero el conflicto que se viene dando entre su gobierno y una comunidad tradicional se ha transformado en una piedra en el zapato para las aspiraciones políticas de Dino. La comunidad de Cajueiro está siendo expulsada a la fuerza para construir un megapuerto en la ciudad de São Luís, tarea que llevarán a cabo una empresa brasileira y otra china denominada China Communications Construction Company (CCCC).
Con respecto al caso, Dino se viene eximiendo de responsabilidad y argumenta que su gobierno solamente cumple órdenes judiciales. Pero como el proyecto viene ganando cada vez más atención por parte de la prensa nacional y extranjera, el gobierno del estado anuló un decreto del año pasado que autorizaba la expropiación de la comunidad, lo que puede beneficiar a las dos familias que todavía viven en Cajueiro. Aún no queda claro cuál será el impacto de esta decisión en la conclusión del proyecto del puerto, cuya historia contó en detalle Diálogo Chino en un reportaje que formó parte del proyecto de periodismo colaborativo Tierra de resistentes sobre violencia contra defensores ambientales en toda América Latina.
Si Dino tomara el poder, lo que ocurre en Maranhão se proyectaría a nivel nacional
El episodio del puerto le ha significado críticas de ambientalistas, académicos y politólogos. Ellos recuerdan que la agenda ambiental, que está siendo atacada por el gobierno de Bolsonaro, también es dejada de lado en forma frecuente por políticos de izquierda desarrollistas, como Flavio Dino, para realizar grandes proyectos de infraestructura.
Bartolomeu Mendonça, doctor en ciencias sociales y profesor de la Universidad Federal de Maranhão, afirma que cuando Dino fue electo por primera vez, en 2014, existían grandes expectativas de que su gobierno fuera transformador y de que beneficiara a las comunidades tradicionales y a proyectos de protección ambiental. Había derrotado a un candidato ligado a la familia Sarney, un grupo conservador que dominaba el estado hacía más de 50 años y entre cuyos integrantes está un ex presidente de la república (José Sarney).
“Pero su estándar de desarrollo económico consiste en reproducir lo que la política tradicional venía realizando hace más de medio siglo en Maranhão, manteniendo proyectos de desarrollo económico que impactaban fuertemente en las poblaciones rurales, indígenas y tradicionales”, afirma Mendonça.
El Ministerio Público Federal señala que no hubo ninguna consulta previa a las más de 60 comunidades quilombolas (formadas por descendientes afrobrasileros de ex esclavos) que serán afectadas por la duplicación de la ruta BR-135, para facilitar la salida de granos y minerales. Solo en el quilombo de Santa Rosa, existe la posibilidad de que 345 casas sean expropiadas. La construcción del primer parque eólico de Maranhão, ubicado en la región de Paulino Neves, perjudicó a pescadores que no pudieron tener acceso al mar y su línea de transmisión de energía atraviesa comunidades en otros 9 municipios.
11%
El Matopiba es responsable por el 11% de la producción nacional de soja
El denominado agro-negocio traslada poblaciones tradicionales y devora áreas verdes en Matopiba, una región ubicada entre los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, responsable por el 11% de la producción nacional de soja. En la región de Imperatriz, las llamadas quebradoras de coco babaçu (cooperativas de mujeres que recolectan cocos para extraer almendras) enfrentan la implantación de plantaciones de eucalipto y de plantas productoras de celulosa y papel en su territorio tradicional. La disputa por tierras de poblaciones rurales también crece luego de la implantación de centrales termoeléctricas en la región metropolitana de São Luís, en el interior y norte del estado. La información fue suministrada por la Comisión Pastoral de la Tierra.
Fabio Pacheco es coordinador de la Asociación Agroecológica Tijupá, una entidad que brinda apoyo a poblaciones afectadas por proyectos de desarrollo en todo el estado. Según refiere, muchos de los proyectos se vienen llevando a cabo sin dialogar con las poblaciones afectadas.
“Su expulsión se ha transformado en un ‘mal necesario’ para el desarrollo económico del Maranhão”, afirma. “Programas y organismos pertenecientes al estado podrían mejorar la manera en que llevan a cabo estos proyectos y disminuir daños socio-ambientales de bajo presupuesto y poco personal si se los compara con los organismos ligados al mercado, como las secretarías de Industria y Comercio y de Agricultura”.
Sin embargo, la expulsión de las comunidades tradicionales en favor de la construcción de un gigantesco puerto China-Brasil ha provocado una de las mayores crisis que haya enfrentado el gobernador Flavio Dino. Las decisiones judiciales que pueden barrer del mapa a la Comunidad de Cajueiro, llevadas a cabo a partir de decretos de desapropiación de familias, se vienen publicando desde 2014, y dos de ellos fueron emitidos bajo su gobierno. Su remoción permitirá que avance la obra cuyo objetivo es promover la salida de minerales y granos. Entre los últimos habitantes del lugar se encuentran dos ancianos de más de 80 años de edad.
El Puerto São Luís también obtuvo licencias de los organismos del estado del área de medio ambiente a pesar de haber provocado la devastación de la selva amazónica, de haber sido denunciado diversas veces por habitantes tradicionales y de que el Ministerio Público se encuentre llevando a cabo investigaciones que señalan que la obra se está desarrollando sobre tierras que fueron compradas con títulos falsos para luego ser vendidas a las empresas que llevan a cabo el proyecto.
En otra indagación, la empresa WPR São Luís Gestión y Puertos y Terminales y los empresarios Walter Torre Júnior y Paulo Remy Gillet Neto, ligados a la construcción del puerto, están siendo procesados por la Justicia de Maranhão por delitos tales como los de matanza de animales, deforestación de bosques protegidos, incumplimiento de condiciones de licencia ambiental de la obra.
Para Pacheco, de Tijupá, en caso de que Dino llegue a la Presidencia de la República, aunque desarticule las políticas y estructuras de protección del medio ambiente del gobierno Bolsonaro, deberá reparar algunos de los aspectos más preocupantes de la política ambiental de los gobiernos del PT de Lula y Dilma Rousseff. A pesar de haber logrado algunos avances, los gobiernos del partido de los trabajadores no consolidaron la reforma agraria, redujeron el ritmo de creación de territorios indígenas y otras áreas protegidas y desempolvaron proyectos concebidos durante la dictadura militar.
La polémica central hidroeléctrica de Belo Monte, ubicada en el estado de Pará, es uno de estos proyectos. Proyecto sacado del cajón por la ex presidenta Dilma Rousseff, Belo Monte viene ocasionando un enorme impacto socio-ambiental, el aumento de la violencia, el desalojo de comunidades y graves problemas de saneamiento básico.
“Si Dino tomara el poder, lo que ocurre en Maranhão se proyectaría a nivel nacional”, concluye Pacheco, “La defensa del medio ambiente y de las poblaciones tradicionales e indígenas seguirían siendo subalternas de los intereses de los grandes mercados, de países hegemónicos, como China”.
