Colombia le apuesta al glifosato chino para controlar la coca

Colombia quiere volver a usar glifosato a gran escala. Eso a pesar de que, hace cuatro años, se convirtió en uno de los primeros países en el mundo en restringir su uso a causa de las preocupaciones sobre sus posibles efectos en la salud humana y el ambiente.

Ahora, justo cuando el potente herbicida protagoniza fuertes debates políticos y duros casos legales en Europa y Estados Unidos, el presidente Iván Duque quiere volver a recurrir a él como su principal herramienta para luchar contra los cultivos ilícitos de coca y el tráfico de la cocaína que se deriva de la planta.

Para hacerlo, el químico predilecto de su gobierno es un pesticida chino.

El pulso político por el glifosato

Mientras en buena parte del mundo el debate sobre el uso del glifosato ha girado en torno a la agroindustria y la jardinería, en Colombia el nombre de ese herbicida es sinónimo de las políticas antidrogas que intentan hacer frente al lucrativo negocio del tráfico de cocaína desde hace dos décadas.

Por años, la aspersión aérea de cultivos de coca fue la principal estrategia del gobierno colombiano contra el narcotráfico, con el respaldo político y económico de Estados Unidos y la creencia –hoy seriamente cuestionada- de que la política antidrogas debe privilegiar el control de la oferta de drogas en países productores como Colombia y por lo tanto de los cultivos, en vez de centrarse en reducir la demanda en los países más ricos donde se la consume.

Eso significó que, durante años, la mayor parte del presupuesto antidrogas de Colombia se destinó a fumigar con glifosato los cocales y a perseguir a los campesinos que los sembraban, en vez de centrar los esfuerzos en desmantelar los eslabones más rentables de esa cadena.

El panorama cambió en 2015, cuando la Organización Mundial de la Salud –la agencia de Naciones Unidas para temas de salud– decidió reclasificar el glifosato como una sustancia “probablemente cancerígena”. Lo hizo después de que su brazo científico, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), determinó que puede ocasionar cáncer del sistema linfático (o linfoma no hodgkiniano).

Que haya múltiples indicios de efectos de glifosato sobre salud y medio ambiente debe ser suficiente para que la sociedad decida no arriesgarse

En ese contexto, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos resolvió suspender la aspersión aérea de manera preventiva. Luego, en 2017, la Corte Constitucional le dio la razón y ordenó su suspensión en una sentencia que buscaba proteger a una comunidad afrocolombiana de Chocó afectada por la fumigación, explicando que debería primar el principio de precaución en temas de salud y ambiente y condicionando su retorno a probar que no generaba daños.

“La decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”, advirtió la Corte en su sentencia, añadiendo que “la investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad”.

Casi al mismo tiempo, Colombia decidió apostarle a una estrategia distinta contra la coca.

El acuerdo de paz que Santos firmó con las Farc a finales de 2016 –y cuyo capítulo de drogas se acordó a mediados de 2014- planteó que la solución al problema de los cultivos ilícitos pasa por ayudar a los campesinos, que son los eslabones más débiles de la cadena, a encontrar otras actividades productivas que sean viables y mejoren sus condiciones de vida.

Bajo esta idea, el Gobierno trabajaría mano a mano con las comunidades en erradicar y sustituir la coca, en vez de enfrentarse a ellas a la fuerza. Debería acompañarlos en todo el proceso, apoyándolos con acceso a veterinarios y agrónomos, encontrando mercados para sus productos e invirtiendo en bienes y servicios públicos como carreteras, salud y educación. La aspersión se mantenía como último recurso, en caso de que los campesinos no quisieran erradicar.

Este sistema permitía, a su vez, al Ejército y la Policía concentrar su capacidad operativa en el crimen organizado.

Sin embargo, la puesta en marcha del programa de sustitución concertada por el gobierno Santos fue lenta y errática. Mientras tanto, los cultivos de coca crecieron hasta alcanzar su pico histórico más alto -de 171.000 hectáreas- a finales de 2017, según el monitoreo anual que hace Naciones Unidas a través de su Oficina contra la Droga y el Crimen (Unodc). (Esto a pesar de que, irónicamente, Santos había registrado los picos históricos más bajos –de 48.000 hectáreas- entre 2012 y 2013).

El aumento exponencial de la coca se convirtió en uno de los caballitos de batalla preferidos del ex presidente Álvaro Uribe para atacar el acuerdo de paz firmado por Santos, quien había sido su ministro de Defensa.

Cuando el senador Iván Duque, pupilo de Uribe, ganó la presidencia en 2018 sobre una plataforma política de oposición al acuerdo de paz con las Farc, la promesa de volver a fumigar la coca se volvió uno de los ejes de su discurso de mano dura contra el narcotráfico.

El Gobierno solicitó a la Corte Constitucional facilitar la aspersión dada la magnitud del problema de la coca. Hace una semana, el máximo tribunal colombiano reiteró sus condicionamientos, por lo que Duque podrá hacerlo si diseña un programa que cumpla con sus requisitos y tramita una licencia ambiental.

Esto ocurrió casi al tiempo que el gobierno de Iván Duque escogió un químico chino para el regreso de la aspersión. Hace un mes, la Policía Antinarcóticos –que es la encargada de la fumigación- compró 793 canecas del herbicida chino Cuspide 480 SL, según reveló la periodista María Jimena Duzán.

Todo esto sucede en momentos en que el glifosato se ha sido cuestionado por sus efectos sobre la salud humana y el ambiente.

En Estados Unidos, tres jurados han fallado condenas millonarias contra Monsanto (ahora propiedad del gigante alemán Bayer) en el último año, en casos en que usuarios de su muy vendido herbicida RoundUp –a base de glifosato- desarrollaron cáncer.

Europa también ha visto un intenso debate político en torno a la sustancia, con nueve países –liderados por Francia- pidiendo a la Comisión Europea no renovar su licencia en 2017. Al final le fue concedida hasta 2022, pero se anticipan más discusiones duras. Hace un mes Austria se convirtió en el primer país en pasar una ley prohibiéndolo y la justicia europea determinó que los ciudadanos deberían tener acceso a los estudios sobre la sustancia.

El regreso del herbicida chino

En el centro del retorno de la fumigación aérea de la coca hay un químico chino cuya eficacia ha sido cuestionada en el pasado.

Durante la primera década de este siglo, la Policía colombiana asperjó los cultivos de coca con RoundUp. Sin embargo, desde 2011 el Estado colombiano lo cambió por otro pesticida a base de glifosato, más económico, llamado Cuspide 480SL que preparan varias empresas chinas como Weifang Shandong Rainbow, Trustchem Co., Gilmore Marketing & Development Inc. y Qiaolang Co, según diferentes documentos de las autoridades ambientales colombianas que autorizaron su uso.

Es una oportunidad para tener una discusión franca sobre las distintas herramientas para enfrentar los cultivos

El ingrediente activo de esa fórmula siempre es el glifosato fabricado por Anhui Huaxing Chemical Industry, una empresa privada china de agroquímicos que cotiza en bolsa y 60% de cuyas acciones pertenecen a la comisión estatal de supervisión y manejo de los activos estatales del gobierno chino.

En julio de 2012, ese herbicida fue producto de una fuerte pelea entre el gobierno de Estados Unidos y el colombiano. En una carta enviada al entonces viceministro de defensa colombiano Jorge Enrique Bedoya, el oficial más alto del programa antidrogas de la embajada, James B. Story, le anunció que las muestras del herbicida chino no habían pasado las pruebas hechas por un laboratorio de Texas avalado por su autoridad ambiental.

“No es viable para ser utilizada (…) puesto que no cumple con los requerimientos de la Environmental Protection Agency (EPA)”, señaló, explicando que había dudas sobre su eficacia (por no tener sustancias que aseguren que se adhiere a la planta) y su volatilidad (por contener una sustancia corrosiva e inflamable prohibida en Estados Unidos en pesticidas).

Sin embargo, había una advertencia aún más grave sobre un ingrediente activo encontrado en las muestras, llamado nonilfenoletoxilato. “Es preciso reiterar que esta sustancia está prohibida por organismos de la Unión Europea y cuenta con restricciones en la normatividad canadiense, alemana y danesa”, amonestaron.

Siete años después, no es claro si el problema estaba en el químico mismo o en los lotes específicos de donde salieron las muestras, dado que Estados Unidos advirtió en su carta que esas canecas tenían señales de reetiquetado. Desde esa época, el único importador en Colombia –y el beneficiario del contrato más reciente este año- es una pequeña distribuidora llamada Talanú Chemical Ltda y localizada en Ibagué.

Los temores sobre el glifosato

Aunque no hay estudios científicos irrefutables que prueben los impactos del glifosato en la salud o el ambiente, hay indicios serios de que –cuando menos- no ha sido una política exitosa para erradicar la coca.

El mayor problema no es tanto que no sirva, sino que tiene un costo demasiado alto sin ser tan eficaz. El economista Daniel Mejía –que fundó el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes- calculó que erradicar una hectárea de coca para siempre implica fumigar 30, debido al alto porcentaje de resiembra. Eso significa que, si fumigar una sola hectárea cuesta unos 2.600 dólares, eliminarla de manera definitiva no bajaría de 72.000 dólares.

En todo caso, tiene un costo humano menos alto que la otra opción forzada que ha sido usado en Colombia. La erradicación manual forzada, que realizan soldados y policías, ha dejado 126 miembros de la Fuerza Pública y civiles muertos en estas labores y 664 más heridos, según datos de la Policía Antinarcóticos.

Otros estudios económicos han mostrado indicios de que la aspersión aérea tiene impactos en la salud de las comunidades locales. Mejía y la también economista Adriana Camacho cruzaron los datos de aspersiones y solicitudes de atención al sistema de salud, encontrando que crecen las consultas médicas en épocas de fumigación y que hay evidencia de un aumento en los trastornos de la piel y en los abortos.

Sandra Rozo, que enseña economía en la Universidad del Sur de California (USC), encontró que en municipios fuertemente fumigados suben las tasas de trabajo infantil y de mortalidad infantil no por el glifosato en sí, sino por el aumento en los niveles de pobreza en esas comunidades y la realidad de que, ante la pérdida de cosechas, muchas familias empujan a sus hijos menores de edad a trabajar.

A eso se suma un alto costo en la legitimidad del Gobierno. En esas regiones fumigadas suele aumentar la desconfianza de las comunidades hacia los militares, policías y en general todo el Estado, haciendo mucho más difícil una intervención duradera en esos territorios, según ha medido el politólogo Miguel García Sánchez.

Todo eso ha llevado a que muchos expertos pidan evaluar seriamente si la aspersión aérea es la solución idónea.

“Debemos tener un debate basado en lo que sugiere la investigación científica. Que haya múltiples indicios de efectos de glifosato sobre salud y medio ambiente debe ser suficiente para que la sociedad decida no arriesgarse. Hay otras formas de reducir cocaína en el largo plazo”, dice Ana María Arjona, profesora de la Universidad de Northwestern y hasta hace poco directora del Cesed.

“Si la salud es un derecho fundamental, el Estado no puede actuar en contra de la salud de la población de manera deliberada”, dijo ante la Corte el ex ministro de Salud Alejandro Gaviria, uno de los mayores estudiosos de política de drogas en Colombia y quien primero recomendó suspender su uso. “No es un debate académico o técnico, es un debate ético”.

Otros estudiosos del tema le piden al gobierno Duque que, en vista de que ya tomó la decisión de reanudar la fumigación, contemple un catálogo de opciones más amplio dado que siguen existiendo restricciones legales para fumigar en muchas áreas.

Por ejemplo, está constitucionalmente prohibido utilizarlo en parques nacionales (donde está el 5% de la coca del país) por el posible daño ambiental y en territorios donde habitan minorías étnicas (donde se concentra el 26%) solo se puede hacer tras un proceso de consulta previa. Asimismo, la Corte estableció que no se debería fumigar en las zonas donde el programa de sustitución concertada, el PNIS, está trabajando hoy.

“Si ponemos en un mapa las diferentes capas de restricciones sobre el glifosato, vemos que lo que queda por asperjar es muy reducido”, dice Juan Carlos Garzón, que viene estudiando el fenómeno desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Dada esa realidad, esta es una oportunidad para tener una discusión franca sobre las distintas herramientas para enfrentar los cultivos, cuál es la indicada en cada territorio y cómo articularlas”.